Un tratado de 1922 podría poner en jaque el juicio contra Maduro en Estados Unidos

Aunque no se espera una resolución definitiva, la defensa buscará fortalecer una estrategia que podría comprometer la continuidad del proceso al cuestionar la legalidad de la captura y el traslado de ambos a territorio estadounidense.

La causa judicial que enfrenta el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Estados Unidos atraviesa una etapa clave con una nueva audiencia prevista para este miércoles.

La audiencia se desarrollará ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde Maduro y Flores enfrentan cargos por presunto narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y delitos vinculados con armamento. En esta instancia, el juez Alvin Hellerstein evaluará el estado de la causa, el intercambio de pruebas y las presentaciones pendientes antes de un eventual juicio con jurado.

La comparecencia había sido postergada a pedido de la Fiscalía debido a inconvenientes de seguridad relacionados con el traslado de los acusados. Sin embargo, el eje de la discusión ya no gira exclusivamente sobre las acusaciones, sino sobre la legalidad del procedimiento que permitió que el exmandatario venezolano fuera llevado a Estados Unidos.

La defensa sostiene que la operación realizada en Caracas el pasado 3 de enero vulneró normas internacionales y, además de insistir con el planteo de inmunidad que ya fue rechazado por el tribunal, incorporó un nuevo argumento que podría modificar el rumbo de la causa.

El punto central es un tratado de extradición firmado entre Estados Unidos y Venezuela en 1922. Según esa interpretación, cualquier controversia sobre la aplicación o el cumplimiento del acuerdo debe resolverse mediante un mecanismo de arbitraje internacional antes de que avance un proceso judicial. Si el magistrado considerara válido ese planteo, podría suspender el expediente hasta que un tribunal arbitral determine si la captura y el traslado de Maduro respetaron las obligaciones asumidas por ambos países.

La relevancia de ese debate radica en que la jurisprudencia estadounidense ha sostenido en distintas oportunidades que los procesos derivados de extradiciones deben ajustarse estrictamente a los tratados internacionales vigentes. En consecuencia, un eventual fallo arbitral que declare ilegal el procedimiento podría afectar la validez de toda la causa.

No obstante, ese escenario también depende de que Venezuela impulse formalmente el mecanismo previsto en el tratado bilateral, una posibilidad que hoy aparece rodeada de incertidumbre por el complejo contexto diplomático entre Caracas y Washington.

Mientras tanto, el expediente continuará avanzando y la audiencia servirá para definir los próximos pasos procesales. Sin embargo, la discusión sobre la vigencia del tratado de extradición de 1922 introduce un elemento de fuerte impacto jurídico y político, con potencial para alterar el desarrollo de uno de los casos más sensibles en la relación entre Estados Unidos y Venezuela.