La minera Galasur cierra su planta, despide y suspende a más de 100 trabajadores
La empresa Galasur, ubicada en Sierra Chica, cerró temporalmente las puertas de su planta, despidió a 19 trabajadores y suspendió a otros 96, en una decisión que vuelve a poner en discusión el impacto de la caída de la actividad sobre el empleo y las pequeñas y medianas empresas del sector.
La crisis que atraviesa a la minería vinculada a la construcción y la obra pública volvió a golpear con fuerza a Olavarría, considerada la capital minera de la provincia de Buenos Aires.
La compañía, dedicada a la extracción y trituración de granito para la producción de piedra partida, notificó las cesantías mediante telegramas laborales y comunicó que abonaría el 50% de las indemnizaciones, amparándose en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla una reducción de la indemnización ante situaciones de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo.
El argumento empresarial apunta directamente a la paralización de la obra pública y a la caída de la demanda. Galasur sostiene, además, que el Estado nacional mantiene una deuda superior a $2.000 millones con la firma por trabajos realizados para SOFSE-Trenes Argentinos Operaciones, compromisos que, según la empresa, permanecen impagos desde hace aproximadamente dos años.
El cierre de la planta generó una inmediata reacción de los trabajadores, que se concentraron en el ingreso al establecimiento para reclamar por los puestos de trabajo y las condiciones de las desvinculaciones. Ante la protesta, Galasur abrió una instancia de diálogo con la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC).
La situación no es nueva para la empresa. En abril pasado, Galasur había intentado avanzar con un plan que contemplaba 41 despidos, pero las negociaciones sindicales permitieron frenar buena parte de esas cesantías. La persistencia de la caída de la actividad, sin embargo, terminó derivando en un nuevo ajuste que ahora alcanza a más de un centenar de trabajadores entre despidos y suspensiones.
El caso expone una problemática que trasciende a una empresa puntual. En Olavarría, la reducción de la obra pública y el freno de la construcción provocaron una fuerte caída en el despacho de piedra, cemento y otros insumos vinculados a la actividad. El impacto también se refleja en el transporte y en toda la cadena de proveedores que depende del movimiento de las canteras.
Los datos del sector reflejan la magnitud del deterioro. En menos de tres años, la actividad minera de Olavarría habría perdido alrededor de 700 puestos de trabajo, mientras que la cantidad de pymes mineras operativas se redujo de 68 a poco más de 40. El achicamiento de la actividad pone en riesgo un entramado productivo que durante décadas tuvo un peso decisivo en la economía local.
En este escenario también reaparece el debate sobre el modelo económico impulsado por el Gobierno nacional. Mientras desde el oficialismo se presenta al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una herramienta destinada a atraer capital y generar un efecto expansivo sobre las economías regionales, desde AOMA y sectores empresarios locales cuestionan que esos beneficios alcancen efectivamente a las pymes nacionales.
La crítica central apunta a una aparente contradicción: mientras se ofrecen importantes incentivos fiscales para grandes proyectos de inversión, empresas locales vinculadas a la extracción de insumos básicos enfrentan caída de la demanda, falta de financiamiento, deudas estatales y pérdida de puestos de trabajo.
Desde AOMA sostienen, además, que desde el inicio de la gestión de Javier Milei se perdieron alrededor de 3.000 empleos en el sector minero a nivel nacional. El gremio cuestiona así la idea de que el crecimiento de las grandes inversiones pueda, por sí solo, compensar la retracción de actividades tradicionales y el deterioro de las empresas de menor escala.
