Caída del consumo, desregulación y despidos masivos en frigoríficos bonaerenses

La pregunta que muchos se hacen es si este es el precio inevitable del “shock libertario” o una advertencia temprana de un colapso mayor por venir. ¿Podrá el gobierno revisar el rumbo antes de que sea demasiado tarde para la carne argentina?

La industria cárnica argentina atraviesa una de sus peores crisis en décadas, con una combinación letal de caída del consumo interno, desplome de las exportaciones y una política gubernamental de desregulación que impacta directamente sobre el empleo y la estabilidad del sector.

La situación se evidenció esta semana con los despidos de más de 40 trabajadores del frigorífico Devesa, en Azul, provincia de Buenos Aires, y la amenaza latente de que esa cifra se extienda a 150.

Las cifras son elocuentes. Según datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), el consumo interno de carne acumula 16 meses consecutivos de retroceso, con una nueva caída del 2,7% en marzo respecto de febrero. En paralelo, las exportaciones se desplomaron un 36% en volumen y un 20% en valor interanual, de acuerdo con el Consorcio de Exportadores ABC. Uno de los golpes más duros fue la pérdida del mercado mexicano hace dos meses, tras una auditoría del Senasica (México) que dejó en evidencia fallas estructurales en los controles sanitarios del SENASA, el organismo argentino responsable de la seguridad alimentaria.

Esta falla no es un hecho aislado. Otros frigoríficos como Carnes Pampeanas también sufrieron sanciones similares y debieron frenar faena y licenciar personal. En General Pico, se produjeron 90 despidos por razones similares. La cadena de valor de la carne, históricamente generadora de empleo y divisas, comienza a desmoronarse en silencio.

El telón de fondo de esta crisis es el desmantelamiento progresivo de organismos reguladores bajo el programa de “motosierra” del presidente Javier Milei. El vaciamiento del SENASA, denunciado por gremios y especialistas, implica menos controles, más riesgos sanitarios y menor confianza de los mercados internacionales. A eso se suma el reciente decreto presidencial que habilita la exportación de ganado en pie, una medida que, según el Sindicato de la Carne, «afecta directamente a los trabajadores y favorece a una minoría concentrada de ganaderos».

El gremio alertó que esta medida implica menos oferta de carne para el mercado interno, precios más altos y una inevitable reducción del empleo en los frigoríficos, ya que se exporta el animal sin procesar, suprimiendo la cadena de faena y desposte.

Además, la amenaza de nuevos aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos —incluyendo una advertencia explícita de su secretaria de Agricultura sobre un eventual bloqueo al ingreso de carne argentina— profundiza la incertidumbre.

La situación de Devesa en Azul ilustra el drama humano detrás de los indicadores. “La indemnización no me alcanza ni para vivir dos meses”, relató uno de los trabajadores despedidos. La angustia de cientos de familias se entrelaza con la falta de perspectivas laborales en una economía en recesión, y con una política económica que privilegia el ajuste fiscal por sobre la protección de la industria nacional.

En este escenario, la desregulación sin planificación, la retracción del consumo y el aislamiento en los mercados externos amenazan con desarticular un sector estratégico para la economía argentina.