Crónica de un ajuste anunciado: Sturzenegger prepara una poda masiva del Estado con el “Proyecto Digesto”

Lejos de una verdadera planificación de eficiencia institucional, lo que se perfila es un recorte veloz, ideologizado y con alto costo social, ejecutado sin debate parlamentario ni consenso técnico. En nombre de la libertad, se precariza. En nombre de la agilidad, se desprotege. Y en nombre del cambio, se corre el riesgo de borrar con decretos décadas de construcción institucional.

El gobierno de Javier Milei avanza con paso firme hacia una nueva fase de su plan de ajuste: esta vez, bajo el barniz técnico de “simplificación normativa”, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que en los próximos días presentará el “Proyecto Digesto”, una iniciativa que apunta a una depuración masiva de normativas… y de puestos de trabajo en el Estado.

Con la retórica de la eficiencia y el pretexto de la modernización, el plan prevé la eliminación de organismos descentralizados, supresión de trámites y despidos masivos, en un nuevo embate contra la estructura pública. Uno de los primeros blancos sería la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), según anticipó el propio Sturzenegger en una entrevista televisiva. Le seguirían otras reparticiones que, bajo su mirada, “duplican funciones”.

El nombre del proyecto remite a una idea técnica e inofensiva —un “digesto jurídico”—, pero el contenido real encierra un fuerte sesgo ideológico: achicar el Estado a cualquier costo. El ministro explicó que de los más de 700.000 decretos vigentes, apenas 70.000 están digitalizados, por lo que el trabajo de depuración se realizará mayormente de forma manual. Más allá de lo impracticable del método, el objetivo parece claro: justificar una ofensiva estructural sobre el empleo público y la arquitectura estatal.

“Vamos a liberar a muchos empleados que hoy hacen tareas innecesarias”, dijo Sturzenegger sin eufemismos, revelando que la “simplificación” es, en realidad, un ajuste clásico con nuevas palabras. Aunque aseguró que algunos organismos como la ANMAT se conservarán, planteó que “la mitad de los trámites no se sabe para qué son”, deslizando la idea de que miles de empleos y procesos administrativos serían prescindibles por definición.

El vocero presidencial Manuel Adorni volverá a escena para presentar formalmente el proyecto, que incluiría incluso decretos de eliminación inmediata, como la controvertida derogación del decreto de 1973 que prohibía la exportación de ganado en pie. La medida resulta especialmente llamativa en un contexto donde el consumo interno de carne está en mínimos históricos, y el país sufre las consecuencias del retraimiento económico.

Fiel a su estilo grandilocuente, el presidente Milei calificó el plan como “el shock regulatorio más grande de la historia de la humanidad”. Pero detrás del marketing libertario se perfila un desmantelamiento agresivo del aparato estatal, que no solo amenaza con dejar sin empleo a miles de trabajadores, sino también con debilitar los controles, las regulaciones y la capacidad operativa del Estado en áreas sensibles como transporte, salud, educación o producción.

El “Proyecto Digesto” es, en los hechos, la punta de lanza de un nuevo capítulo del ajuste, uno que intenta disfrazarse de ordenamiento legal pero que, en la práctica, consolida un modelo de Estado mínimo. La pregunta que flota es si esa “modernización” no es, en realidad, una regresión que debilita derechos, fragmenta funciones estratégicas y pone en riesgo el interés público.