ATE convoca protestas en Parques Nacionales por el anuncio de más de 380 despidos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó un plan de protestas a nivel nacional en rechazo al anuncio del Gobierno de avanzar con el despido de más de 380 trabajadores de la Administración de Parques Nacionales, una medida que el sindicato interpreta como parte de una estrategia deliberada para debilitar la capacidad operativa del Estado en áreas sensibles como la prevención y combate de incendios forestales.

La reacción sindical se produjo luego de las declaraciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien anticipó un recorte superior al 20% de la planta del organismo. Frente a ese escenario, ATE convocó concentraciones desde las 11 horas en la Casa Central del organismo, en la Ciudad de Buenos Aires, y en las distintas delegaciones de Parques Nacionales en todo el país.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó con dureza el anuncio oficial y lo calificó como “incomprensible y repudiable”, al advertir que se trata de uno de los organismos clave en la lucha contra los incendios que afectan de manera recurrente a la Patagonia y a otras regiones del país. Según el dirigente, el recorte no responde a criterios de eficiencia sino a una decisión política orientada a reducir la presencia estatal y favorecer otros intereses.

Desde el sindicato remarcaron que el ajuste proyectado resulta inviable incluso desde los propios datos oficiales, que muestran una estructura ya insuficiente. Actualmente, Parques Nacionales cuenta con 391 brigadistas, cuando los informes técnicos indican que serían necesarios al menos 700 para cubrir adecuadamente las más de cinco millones de hectáreas protegidas. A eso se suman 570 guardaparques y más de 900 trabajadores contratados bajo modalidades precarias, lo que evidencia un funcionamiento sostenido con recursos humanos al límite.

ATE también denunció que el Gobierno estaría destinando más de 14 mil millones de pesos para promover retiros voluntarios, una política que el gremio define como despidos encubiertos. Aguiar sostuvo que estos mecanismos se aplican bajo presión e intimidación, lo que —según afirmó— podría constituir un delito penal. En ese sentido, advirtió que la responsabilidad no recaería únicamente en el diseño de la política, sino también en su ejecución administrativa.

El conflicto se agrava en un contexto de emergencia ambiental, con incendios activos en distintas zonas del país, especialmente en la Patagonia. A pesar de ese escenario, los trabajadores denuncian una pérdida salarial superior al 50% desde diciembre de 2023, con ingresos que se ubican por debajo de la línea de pobreza: el salario inicial de un brigadista ronda los $610.000 en la zona centro y $860.000 en la Patagonia, cifras que contrastan con el riesgo y la exigencia física de la tarea.

Desde ATE anticiparon que las medidas de fuerza se profundizarán si no se garantiza la continuidad laboral de todo el personal, e incluso advirtieron que no descartan bloqueos en los accesos a los parques. Para el gremio, el ajuste no es un hecho aislado, sino parte de un proceso de vaciamiento institucional que busca allanar el camino para la cesión de tierras y la reducción del control público sobre áreas estratégicas.

En ese marco, la protesta sindical pone en discusión no solo la estabilidad laboral de cientos de trabajadores, sino también el rol del Estado en la protección ambiental, la soberanía territorial y la capacidad de respuesta frente a catástrofes que, lejos de disminuir, se intensifican año tras año.