Los gremios industriales se plantan contra la reforma laboral: «No van a ver a los trabajadores de rodillas»

Más de 35 sindicatos industriales nucleados en la CSIRA se reunieron para expresar un rechazo contundente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, al que calificaron como un intento de alterar las reglas de juego en favor del sector empresario y en detrimento de los trabajadores.

En ese marco, anticiparon medidas de protesta y dejaron un mensaje político claro: el movimiento obrero no aceptará retrocesos en materia de derechos.

Del encuentro participaron dirigentes sindicales de peso, legisladores y especialistas en derecho laboral. Estuvieron presentes el senador Mariano Recalde, la diputada nacional y dirigente sindical Vanesa Siley y el abogado laboralista Álvaro Ruiz, quienes coincidieron en definir la iniciativa oficial como profundamente regresiva y contraria al marco constitucional vigente.

Durante el debate, Recalde cuestionó uno de los ejes centrales del discurso oficial: la supuesta relación entre flexibilización laboral y creación de empleo. El senador recordó que las experiencias recientes demuestran lo contrario y sostuvo que el abaratamiento del trabajo no solo no genera empleo, sino que suele profundizar la desocupación. Como ejemplo, señaló que los niveles más bajos de desempleo se registraron en períodos donde existieron mayores protecciones laborales, como la doble indemnización.

Los oradores también advirtieron que el proyecto apunta a debilitar a las organizaciones sindicales y a limitar el derecho de huelga, una herramienta clave de defensa colectiva. En ese sentido, señalaron que la iniciativa busca concentrar poder en el sector empresario y reducir la capacidad de negociación de los trabajadores, avanzando sobre garantías consagradas en la Constitución Nacional.

La diputada Vanesa Siley reforzó esa mirada al señalar que la reforma facilita los despidos y precariza las condiciones laborales, sin ofrecer soluciones reales al problema del empleo. Además, planteó la necesidad de un modelo de país basado en la industria nacional, la justicia social y la movilidad social ascendente, en contraposición a un esquema de ajuste que profundiza la desigualdad.

Otro de los puntos más cuestionados fue la propuesta de reducir los aportes a las obras sociales, una medida que, según los gremios, agravaría la crisis del sistema de salud sindical, ya golpeado por el aumento de los costos médicos y farmacéuticos. Desde la CSIRA alertaron que esta quita impactaría directamente en la atención de millones de trabajadores y sus familias.

El abogado laboralista Álvaro Ruiz fue especialmente crítico al advertir que la reforma apunta a desmantelar la Justicia Nacional del Trabajo, degradando su rol y desconociendo doctrina y jurisprudencia construidas durante décadas. Para Ruiz, la creación de empleo depende del modelo económico y del crecimiento productivo, no de la flexibilización de derechos laborales, una idea que calificó como “retrógrada”.

El cierre del encuentro estuvo a cargo de Mario Manrique, dirigente de SMATA, quien llamó a la unidad del movimiento obrero y aseguró que el ajuste laboral forma parte de un intento más amplio por debilitar al peronismo y a la organización de los trabajadores. Advirtió además que el conflicto trasciende el ámbito sindical y tiene un fuerte contenido político y social, en un contexto donde —según señaló— la sociedad comienza a dimensionar lo que está en juego.

La CSIRA, que agrupa a más de 30 gremios industriales de todo el país, volvió a denunciar el proceso de desindustrialización y pérdida masiva de empleo que atraviesa la Argentina, así como el cierre de pequeñas y medianas empresas. En ese marco, el rechazo a la reforma laboral aparece como parte de una disputa más amplia por el modelo productivo, el rol del Estado y el futuro del trabajo en el país.