Al menos 300 solicitudes de reparación por abusos sexuales en la Iglesia en España en solo dos semanas
El informe del Defensor del Pueblo en España, encargado por el Congreso, revela que los abusos en el país constituyen uno de los problemas más graves y sistemáticos en Europa occidental. La creación de esta oficina representa, en ese contexto, un primer paso concreto para convertir el reconocimiento en reparaciones reales y respaldadas institucionalmente.
Desde el 15 de abril, en España se ha implementado un innovador sistema para atender y compensar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Se trata de la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales, un mecanismo conjunto del Gobierno, la Conferencia Episcopal Española, la Confederación Española de Religiosos y el Defensor del Pueblo, que surge tras un acuerdo alcanzado en enero y la firma de un protocolo en marzo.
Este sistema se distingue por la participación activa de la Iglesia en la entrega de las indemnizaciones, sin establecer límites máximos, mientras que el Estado proporciona la estructura institucional encargada de gestionar los procesos. Las compensaciones pueden ser de carácter económico, simbólico, restaurador o espiritual, y no están sujetas a impuestos, respondiendo a una demanda histórica de las víctimas que buscaban evitar que sus indemnizaciones fueran gravadas por Hacienda.
¿Quiénes pueden solicitar reparación? La vía está abierta a víctimas que no tengan denuncias judiciales en curso, ya sea por casos que hayan prescrito o en los que el agresor ya haya fallecido. También son elegibles aquellas víctimas menores de edad o con discapacidad al momento de los abusos. Las solicitudes pueden presentarse tanto por las víctimas como por sus representantes acreditados, a través de la plataforma digital del Ministerio de Presidencia.
Una vez recibida la solicitud, esta pasa a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, integrada por expertos independientes que elaboran una propuesta de reparación. Si ambas partes aceptan el acuerdo, este será definitivo. En caso de desacuerdo, interviene una Comisión Mixta con representación institucional, y si persisten las diferencias, la decisión final la toma el Defensor del Pueblo.
Es relevante señalar que quienes ya se hayan acogido al plan Priva, lanzado hace un año por la Iglesia, pueden cambiarse a este nuevo mecanismo, aunque deberán optar por uno de los dos.
Lo que llama la atención es la cantidad de solicitudes recibidas en solo 15 días. Mientras que el plan Priva acumuló 89 peticiones en un año, la nueva oficina ha recibido ya 300 en apenas dos semanas, lo que evidencia una mayor confianza en un proceso respaldado por el Estado y una figura neutral como el Defensor del Pueblo. Este proceso estará abierto durante un año, con posibilidad de extensión.
Este esfuerzo de reparación no es exclusivo de España. En Portugal, la Iglesia pagó más de 1,6 millones de euros a 57 víctimas tras un informe que documentó al menos 4.800 casos desde 1950. En Francia, un estudio reciente estima que en las últimas siete décadas hubo al menos 330.000 menores abusados en instituciones religiosas.
