Vicentin: del símbolo agroindustrial a la ruina judicial y laboral
La caída de Vicentin, uno de los gigantes históricos del agro argentino, se consolida como el caso más emblemático de colapso empresarial, judicial y social en el sector agroindustrial en décadas.
Con cuatro directivos presos, plantas paralizadas y 4.000 salarios sin pagar, la compañía se encuentra al borde de la disolución total, atrapada entre denuncias de estafa multimillonaria, maniobras fraudulentas y una crisis financiera sin salida visible.
Desde fines de 2019, Vicentin pasó de ser uno de los principales exportadores del país —con una participación de hasta el 10% en la molienda de granos— a convertirse en sinónimo de mala administración, endeudamiento agresivo y opacidad contable. El colapso no fue un accidente, sino el desenlace de una serie de decisiones empresariales cuestionadas, falta de regulación efectiva y un sistema político y financiero que miró para otro lado durante años.
La reciente detención de Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti marca un punto de no retorno. La Justicia de Rosario los acusa de haber orquestado una estructura de estafa sistemática por más de 600 millones de dólares, incluyendo la falsificación de balances y simulación de operaciones financieras incluso tras ingresar en concurso preventivo.
La jugada de presión: parálisis total
Mientras los tribunales avanzan, Vicentin adoptó una estrategia riesgosa: cerró sus plantas de Ricardone y Avellaneda, interrumpió sus fasones (procesamiento para terceros) y dejó sin salarios a más de 4.000 trabajadores. El comunicado oficial habla de “protección de activos” y “espera de condiciones para reactivarse”, pero puertas adentro se interpreta como una medida de presión directa hacia inversores estratégicos y la Justicia santafesina, que aún no homologó el acuerdo concursal con acreedores.
La maniobra, sin embargo, podría jugarle en contra: no sólo pone en riesgo el suministro eléctrico por una deuda superior a $400 millones con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, sino que también deteriora la confianza en un eventual rescate privado.
El peso sobre la industria y el empleo
La dimensión del daño trasciende lo judicial. En riesgo no está solo la continuidad de Vicentin como empresa, sino una cadena productiva de más de 3.000 puestos indirectos y una estructura exportadora clave en el complejo sojero nacional. El Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) ya anunció posibles medidas de fuerza si no se abonan los sueldos adeudados, mientras el resto del sector observa con inquietud las implicancias de este colapso.
Con las negociaciones con ACA, Bunge y Viterra en punto muerto, y con la Corte Suprema de la Nación como posible próximo escenario judicial, el caso Vicentin puede marcar un precedente clave en la historia empresarial argentina: no sólo por la magnitud de la deuda y el impacto laboral, sino por el precedente judicial que podría sentar en cuanto a la responsabilidad de los directorios frente a sus acreedores y trabajadores.
