Uno de cada dos argentinos sufre estrés económico: la otra cara de una recuperación que no llega al bolsillo
Mientras el Gobierno celebra datos de empleo y se jacta de un repunte de la actividad, la cruda fotografía social que revela el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) pone en evidencia un drama silencioso y extendido: más del 50% de la población urbana padece “estrés económico”, es decir, la percepción de no poder cubrir sus necesidades básicas ni sostener un mínimo nivel de consumo y ahorro.
El concepto, lejos de ser una estadística fría, describe la angustia cotidiana de millones de familias que viven en permanente tensión para llegar a fin de mes. Ni siquiera los sectores medios se encuentran a salvo: el informe muestra que el malestar se generaliza y alcanza también a estratos que, en otras épocas, tenían capacidad de ahorro o acceso al crédito.
La investigación —presentada por el director del ODSA, Agustín Salvia, junto a los investigadores Julieta Vera y Juan Ignacio Bonfiglio— traza un panorama demoledor. Entre 2017 y 2024, el 75% de los hogares pobres y casi el 90% de los hogares indigentes declararon estar atravesados por el estrés económico. Pero lo más alarmante es que el fenómeno se expande a casi todos los niveles sociales, reflejando el daño de un modelo que acumula años de inflación, salarios licuados y expectativas frustradas.
Por primera vez desde la salida de la pandemia, el estrés económico supera el 50%, equiparando cifras que remiten al 2016, cuando los tarifazos y la caída del salario real erosionaron el poder de compra de la mayoría. Con un agravante: hoy la incertidumbre sobre el futuro es aún mayor, en parte por la falta de un horizonte claro para revertir la desigualdad estructural.
La presencia de niños en los hogares incrementa todavía más la presión. La crianza en un contexto de precariedad, advierte el informe, amplifica el estrés no solo económico sino también emocional. Una familia que no puede garantizar comida, salud o educación de calidad vive, en los hechos, una forma de violencia estructural que no se resuelve con discursos de eficiencia macroeconómica.
El Gobierno, mientras tanto, elige aferrarse a relatos de rebote económico o de mejora en la “confianza inversora”, desconectados de la experiencia real de millones de personas. La brecha entre la retórica oficial y la vida cotidiana se ensancha día tras día, y amenaza con transformarse en un caldo de cultivo para mayores tensiones sociales.
En definitiva, el estrés económico funciona como un termómetro social adelantado: anticipa no solo la pobreza futura, sino también la pérdida de sentido de pertenencia, de estabilidad y de proyecto colectivo. La Argentina no solo necesita crear empleo, sino reconstruir certezas, proteger a los más vulnerables y devolver dignidad a quienes hoy sobreviven en un estado de constante zozobra.
La pregunta que deja planteada el informe es brutal pero ineludible: ¿de qué sirve que mejoren algunos indicadores macroeconómicos si la mitad del país no puede dormir tranquila pensando cómo va a poner el plato sobre la mesa?
