Un subsidio exclusivo para las fuerzas de seguridad desata críticas por clientelismo electoral
El beneficio, bautizado como “Cuidamos a los que nos cuidan”, cubre el 100% de los gastos efectuados con tarjetas Visa y Mastercard del BNA o mediante Modo, pero se limita únicamente a quienes perciban su salario en esa entidad y pertenezcan al área conducida por Patricia Bullrich.
El Ministerio de Seguridad lanzó, a través del Banco Nación, un subsidio que permite a los miembros de las fuerzas de seguridad recuperar hasta 300.000 pesos en compras realizadas con tarjetas de crédito y débito, consignó Crónica Política. Más allá del atractivo económico del programa, su anuncio despierta cuestionamientos políticos y éticos.
La medida se presenta en la antesala de un proceso electoral, lo que genera sospechas sobre su verdadero propósito: ¿se trata de un reconocimiento genuino al rol de las fuerzas de seguridad o de una estrategia encubierta para fidelizar su voto?
La exclusividad del beneficio para un sector específico abre otro debate: mientras gran parte de la población enfrenta inflación, recortes y falta de acceso a programas de alivio económico, el gobierno decide destinar recursos estatales a un grupo cuya lealtad electoral podría resultar clave. Esta segmentación, más que un gesto de apoyo, podría interpretarse como una maniobra de clientelismo político.
El Banco Nación, como entidad pública, también queda en el centro de la controversia. Su rol debería orientarse a políticas de inclusión financiera y acceso equitativo, pero en este caso actúa como canal de un beneficio particularizado. El mensaje implícito es claro: ser parte de las fuerzas de seguridad trae consigo privilegios que otros trabajadores no tienen.
El gobierno niega que el programa tenga motivaciones electorales, pero la cercanía temporal y la selectividad de la medida alimentan la sospecha de que la política social se convierte en herramienta electoral.
En un contexto de crisis, las señales de favoritismo hacia un sector alineado con el poder político no solo erosionan la confianza en las instituciones, sino que también profundizan la percepción de desigualdad entre ciudadanos.
