Un informe indicó que más de 26.000 empresas dejaron de operar desde el inicio del gobierno de Milei
Los datos reflejan que, hasta el momento, la recuperación prometida aún no logra compensar el cierre de compañías ni la pérdida de puestos de trabajo que acompañan el actual proceso económico.
La estructura empresarial argentina continúa mostrando señales de debilitamiento en medio del programa económico impulsado por el gobierno de Javier Milei.
De acuerdo con datos del Monitor Mensual de Empresas elaborado por Fundar, más de 26.400 compañías dejaron de operar entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, un retroceso que expone las dificultades que enfrenta una parte importante del sector productivo para sostener su actividad.
El informe revela que la cantidad de firmas registradas pasó de 512.357 antes del cambio de gobierno a 485.909 en marzo de este año. La caída, equivalente al 5,2%, no sólo refleja el cierre de miles de emprendimientos y empresas, sino también una tendencia persistente que ya acumula un año y medio de retrocesos consecutivos.
Los números adquieren mayor relevancia al analizar su evolución reciente. Durante marzo desaparecieron más de 2.000 empresas respecto del mes anterior, mientras que en comparación con el mismo período de 2025 se registraron más de 14.000 firmas menos. Se trata de una dinámica que, según el estudio, ubica a la actual gestión entre las más desfavorables para la supervivencia empresarial desde que existen registros comparables.
Más allá de los indicadores macroeconómicos que muestran cierta desaceleración inflacionaria y expectativas de inversión en sectores específicos, el panorama del entramado productivo refleja una realidad más compleja. La reducción de empresas suele traducirse en menor generación de empleo, pérdida de capacidad productiva y una creciente concentración económica en aquellos sectores con mayor capacidad financiera para resistir contextos recesivos.
La situación también impacta directamente sobre el mercado laboral. Desde diciembre de 2023 se habrían perdido más de 216.000 empleos privados registrados, a los que se suman más de 22.000 puestos vinculados al trabajo en casas particulares. En ese contexto, el cierre de empresas aparece como uno de los principales síntomas de una economía que aún no logra recuperar niveles sostenidos de actividad.
Los sectores más afectados evidencian además las dificultades de áreas clave para el desarrollo económico. Transporte y almacenamiento encabezan las pérdidas, seguidos por actividades inmobiliarias y la construcción, mientras que la industria manufacturera y el comercio continúan mostrando una importante reducción de establecimientos. La desaparición de empresas industriales resulta especialmente preocupante debido a su capacidad para generar empleo formal y valor agregado.
El deterioro no se limita a una región específica. Salvo Neuquén, impulsada por el dinamismo energético de Vaca Muerta, prácticamente todas las provincias registraron una disminución en la cantidad de empresas activas. Distritos como La Rioja, Catamarca y Chaco exhiben las mayores caídas porcentuales, mientras que Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentran la mayor cantidad de cierres en términos absolutos debido a su peso dentro de la economía nacional.
Detrás de las estadísticas aparecen situaciones concretas que reflejan el impacto social del proceso. Suspensiones de personal, cierres de plantas industriales y relocalizaciones productivas forman parte de un escenario que afecta a cientos de trabajadores y comunidades enteras. Casos recientes en Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y La Rioja muestran cómo la contracción económica repercute directamente en el empleo y en las cadenas productivas regionales.
Mientras el Gobierno sostiene que el ajuste es una etapa necesaria para estabilizar la economía y corregir desequilibrios estructurales, distintos sectores empresariales y laborales advierten que el costo de esa estrategia está siendo absorbido por pequeñas y medianas empresas, responsables de una parte sustancial del empleo formal argentino.
