Tras los reclamos y el fallo judicial, el Gobierno anuncia aumentos de hasta 35% en prestaciones para discapacidad

Sin embargo, para muchos, el incremento del 35% llega como una respuesta tardía a un problema estructural que amenaza la continuidad de miles de prestaciones esenciales.

El Gobierno nacional dispuso una actualización de entre el 29% y el 35% en los valores del nomenclador que regula los montos abonados a los prestadores de servicios para personas con discapacidad.

La medida, que se implementará de manera escalonada entre octubre y diciembre de 2025, llega en un contexto de fuertes críticas de familiares y organizaciones del sector por la falta de financiamiento y los retrasos en los pagos.

Según precisó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el incremento abarcará todas las modalidades y tipos de prestaciones, desde transporte y acompañamiento educativo hasta atención médica, rehabilitación e internaciones. El organismo sostuvo que la actualización busca “sostener la calidad del servicio” y “brindar previsibilidad al sistema”, asegurando que los nuevos valores se ubicarán por encima de la inflación estimada para 2026.

El anuncio fue oficializado a través de la Jefatura de Gabinete, apenas días después del fallo del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, que ordenó restituir más de 119.000 pensiones no contributivas por discapacidad laboral suspendidas por el propio Ejecutivo. La coincidencia temporal entre ambas decisiones no pasó inadvertida y fue interpretada por analistas como una respuesta política a la creciente presión judicial y social.

Pese al aumento, distintas asociaciones advirtieron que la medida apenas compensa una fracción del deterioro acumulado durante el año y que el sistema de atención sigue en una situación crítica. Prestadores, terapeutas y familias denuncian que los ajustes se anuncian tarde y no siempre se traducen en mejoras efectivas, debido a los atrasos en los pagos y a la falta de controles sobre las obras sociales.

El reajuste del nomenclador, clave para el financiamiento del Programa Federal Incluir Salud y otros organismos públicos, representa un intento del Gobierno por recomponer la relación con un sector que en los últimos meses multiplicó los reclamos en las calles y en los tribunales.