Tras la captura de Maduro, activan en Argentina un pedido urgente de extradición por crímenes de lesa humanidad
Representantes legales de víctimas venezolanas y organizaciones regionales solicitaron que se haga efectiva, con carácter urgente, la orden de captura internacional dictada por la Justicia federal argentina y que se requiera su extradición para ser juzgado por delitos de lesa humanidad.
La difusión de información sobre la supuesta detención de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos reactivó en la Argentina un proceso judicial de alto impacto político y jurídico.
El planteo fue presentado ante el juez Sebastián Ramos por los abogados Tomás Farini Duggan y Waldo Wolff, en representación del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), FADD y de víctimas constituidas como querellantes.
La causa tramita en tribunales federales y se sustenta en denuncias por desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones que, según la acusación, habrían sido ejecutadas de forma sistemática bajo el mando del régimen venezolano.
Desde el punto de vista jurídico, el pedido se apoya en el principio de jurisdicción universal previsto en el artículo 118 de la Constitución Nacional, que habilita a los tribunales argentinos a investigar crímenes internacionales de máxima gravedad con independencia del lugar donde fueron cometidos. En septiembre de 2024, la Cámara Federal ya había ordenado librar la captura internacional de Maduro con fines de extradición, lo que refuerza ahora la exigencia de activar los canales formales a través de la Cancillería y la ley de cooperación jurídica internacional.
El contexto internacional agrega complejidad al escenario. Según información atribuida a autoridades judiciales estadounidenses y a medios internacionales, Maduro habría sido trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico y terrorismo en el Distrito Sur de Nueva York. Para los querellantes, esa circunstancia no invalida la competencia argentina ni el deber de reclamar su entrega, sino que abre una disputa diplomática y judicial sobre prioridades de juzgamiento y coordinación entre Estados.
