La UBA denuncia un ajuste histórico: el financiamiento universitario perdió casi la mitad de su valor

La crisis que atraviesa la Universidad de Buenos Aires se profundiza en medio del fuerte deterioro presupuestario y salarial que afecta al sistema universitario público.

Según datos difundidos por las autoridades académicas, más de 10.000 docentes abandonaron sus cargos debido a salarios que, en muchos casos, quedaron por debajo de la línea de pobreza.

Al mismo tiempo, la universidad asegura que el presupuesto destinado a las casas de estudio sufrió una caída real del 45,6% desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, en lo que califican como el ajuste más severo de las últimas décadas.

La situación salarial expone con claridad el deterioro del sector. Un profesor titular con dedicación exclusiva —la categoría más alta dentro de la estructura docente universitaria— percibe alrededor de $1.582.283 mensuales sin antigüedad, apenas por encima de la Canasta Básica Total para una familia tipo.

En contraste, un ayudante de segunda con dedicación simple cobra poco más de $177.000 por mes. Incluso los cargos de jornada completa oscilan entre salarios que, según denuncian desde la UBA, perdieron gran parte de su poder adquisitivo frente a la inflación acumulada.

En paralelo, las universidades nacionales avanzan en la organización de una nueva Marcha Federal Universitaria prevista para mayo, en rechazo a la política presupuestaria del Gobierno nacional y al deterioro de las condiciones laborales de docentes e investigadores.

El escenario también golpea al sistema científico. Investigadores que recién inician su carrera perciben ingresos cercanos a $1.234.000 mensuales, pese a tratarse de actividades que demandan años de formación y extensas jornadas laborales. Desde la universidad sostienen que para recuperar el nivel salarial existente antes de diciembre de 2023 sería necesario aplicar una recomposición superior al 50%, mientras que la pérdida acumulada del poder de compra ya supera el 35%.

Las autoridades universitarias responsabilizan al Gobierno por no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y posteriormente ratificada tras el rechazo parlamentario al veto presidencial. Según explican, más del 90% de los recursos universitarios se destinan al pago de salarios, por lo que la falta de actualización presupuestaria impacta de manera directa sobre docentes y trabajadores del sistema.

El conflicto derivó además en una disputa judicial. A fines de 2024, más de 40 universidades nacionales acudieron a la Justicia para cuestionar la reglamentación del Poder Ejecutivo, al considerar que omitía artículos centrales vinculados a la recomposición salarial. En diciembre, el juez Martín Cormick declaró inconstitucional parte de esa reglamentación y ordenó cumplir con la ley. Sin embargo, el Gobierno apeló la resolución y llevó el caso hasta la Corte Suprema, donde todavía espera una definición.

En medio de la escalada del conflicto, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, cuestionó la falta de respuestas oficiales y llamó a defender la universidad pública. Mientras tanto, el reclamo salarial continúa sin solución y el sistema universitario enfrenta un escenario de creciente incertidumbre financiera.