Tarifas en alza: el Gobierno aplica nuevos aumentos en luz y gas en medio de la recesión

Ambas medidas se traducirán en incrementos en las facturas de luz y gas, que se mantendrán vigentes hasta el 31 de octubre.

El Gobierno oficializó este jueves un nuevo ajuste en las tarifas energéticas que impactará en los hogares argentinos a partir de agosto. A través de las resoluciones 334 y 335/2025, publicadas en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía actualizó los precios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y fijó el valor del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

El Ministerio de Economía justificó la decisión bajo el argumento de “consolidar el proceso de desinflación” y “sincerar los costos reales de los servicios públicos energéticos”. Sin embargo, la medida se aplica en un contexto económico donde el consumo interno sigue deprimido y la capacidad de pago de los hogares se encuentra seriamente deteriorada.

En números concretos, el Gobierno anticipó que las boletas eléctricas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subirán en promedio un 2%, mientras que las de gas lo harán entre un 2,6% y 2,8%, dependiendo de la categoría y la región. Si bien el porcentaje parece moderado, se suma a una serie de incrementos acumulados desde principios de año que han duplicado o triplicado las facturas para gran parte de los usuarios.

El trasfondo del ajuste expone un dilema recurrente: el modelo de “sinceramiento tarifario” se enfrenta a la realidad de un país con ingresos en caída, una inflación que si bien desacelera sigue en niveles altos, y una industria que alerta sobre la pérdida de competitividad por el encarecimiento de los costos energéticos.

El Gobierno insiste en que la actualización es necesaria para reducir subsidios y ordenar las cuentas públicas, pero la pregunta es a qué costo social. Mientras se avanza en la quita progresiva de subsidios, no se han implementado mecanismos de protección efectivos para los sectores medios, que hoy quedan atrapados entre tarifas dolarizadas y salarios en pesos rezagados.

En definitiva, el nuevo aumento refuerza la lógica de que el ajuste fiscal recae, una vez más, sobre los usuarios residenciales y las pymes, en un contexto donde la economía real aún no muestra signos claros de recuperación. La señal política parece clara: la meta es cumplir con el equilibrio fiscal, aunque el impacto en el poder adquisitivo y en la actividad económica sea el daño colateral.