Cúneo Libarona en la mira: denuncian al ministro de Justicia por abuso de autoridad y cohecho
El escándalo golpea de lleno al corazón del Ministerio de Justicia. Mariano Cúneo Libarona fue denunciado en los tribunales federales por el presidente de la Fundación “La Alameda”, Gustavo Vera, luego de que se viralizara un video en el que el funcionario ofrece “lavar la imagen” del ex agente de la CIA Tim Ballard, involucrado en múltiples causas por fraude y abusos en Estados Unidos.
La denuncia, que recayó por sorteo en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 9, acusa a Cúneo Libarona por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” (artículo 248 del Código Penal) y “cohecho” (artículo 256 bis), delitos que contemplan penas que van desde la inhabilitación hasta seis años de prisión.
El video que desató la controversia muestra al ministro ofreciéndose como mediador para revertir el “malentendido” que, según él, habría afectado a Ballard en Argentina. “Yo te puedo ayudar para cambiar el malentendido que hubo en nuestro país, yo te consigo medios”, asegura el funcionario, prometiendo contactos con jueces, legisladores y periodistas.
La situación se agrava por el prontuario del ex agente. Según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Ballard acumula 23 causas por abuso, fue expulsado de organizaciones contra la trata y recientemente intentó reunirse con el presidente Javier Milei, encuentro que Bullrich asegura haber impedido. Además, enfrenta denuncias en EE.UU. por estafas que rondan los 50 millones de dólares.
El vínculo entre Cúneo Libarona y Ballard no se limitó a gestiones de imagen. En la grabación, el ministro revela que, inspirado en el documental “Sonido de Libertad”, elaboró nuevas tipificaciones penales y se las ofreció a Ballard para su revisión antes de enviarlas al Congreso. “Escribí un modelo y te lo voy a mandar para que lo mires”, le dice, en una práctica que roza la irregularidad institucional.
La denuncia de Vera, histórico referente contra la trata de personas, plantea un interrogante grave: ¿puede un ministro de Justicia negociar en privado con un acusado internacional y, a la vez, comprometer la agenda legislativa nacional? La conducta, de comprobarse, no solo implica un conflicto ético sino un eventual tráfico de influencias que erosiona la credibilidad del sistema judicial.
En un Gobierno que se presenta como abanderado de la transparencia y la lucha contra la corrupción, el caso Cúneo Libarona abre una grieta incómoda: ¿es un error individual o la señal de que la línea entre lo público y lo privado se vuelve cada vez más difusa en las altas esferas del poder?
