Suben los impuestos a los combustibles y presionan sobre el surtidor pese a la caída del consumo
Cabe recordar que estos impuestos se actualizan en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado por el INDEC, lo que asegura que, en un contexto inflacionario, la presión fiscal sobre los combustibles continúe en aumento.
A contramano del freno parcial que había ensayado el mercado, el Gobierno decidió volver a cargar presión sobre los precios de los combustibles. Desde el 1° de mayo comenzará a regir una actualización —solo parcial— de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, lo que inevitablemente se trasladará al surtidor.
La decisión llega pocas semanas después de que YPF intentara amortiguar el impacto de la suba internacional del crudo —impulsada por el conflicto en Medio Oriente— mediante un congelamiento temporario de precios. Ese alivio, sin embargo, queda ahora relativizado por la política fiscal del Ejecutivo.
El ajuste fue oficializado a través del Decreto 302/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo. La medida reintroduce una carga impositiva que había sido diferida en abril, en un intento previo por contener la inflación.
El contexto del sector no es precisamente expansivo. En marzo, las ventas de combustibles totalizaron 1,39 millones de metros cúbicos, con una caída interanual del 1,8%. Así, el primer trimestre cerró con un retroceso acumulado del 1,1%, reflejando un consumo debilitado.
El deterioro es más visible en los segmentos de menor precio, donde el ajuste del bolsillo pega con mayor fuerza: la nafta súper cayó 4,1% y el gasoil común 5,8%. En contraste, los combustibles premium muestran cierta resistencia, con subas del 2,7% y 6,4% respectivamente, lo que expone una demanda cada vez más segmentada.
En términos concretos, la actualización impositiva implicará aumentos de más de $10 por litro en naftas por el tributo a los combustibles líquidos, además de un ajuste menor por dióxido de carbono. En el caso del gasoil, las subas combinan incrementos en ambos impuestos, con adicionales diferenciales que encarecen aún más el precio final.
Aunque el decreto posterga parte de los aumentos pendientes —correspondientes a actualizaciones de 2024 y 2025— hasta junio de 2026, la estrategia oficial vuelve a apoyarse en diferimientos antes que en una resolución de fondo. El resultado es un esquema de incrementos escalonados que sostiene la incertidumbre sobre la evolución de los precios.
