Gas más caro desde mayo: el ajuste tarifario avanza en medio de restricciones y segmentación del acceso

La medida impactará en los usuarios de Metrogas y del resto de las distribuidoras del país, profundizando un esquema de incrementos graduales en un servicio esencial.

En un contexto de tensiones energéticas y con señales de escasez en plena llegada del frío, el Gobierno habilitó una nueva actualización en las tarifas de gas que comenzará a regir desde mayo.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 463/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas, en línea con las directrices de la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía, y se inscribe dentro de la emergencia energética vigente desde 2023. El ajuste llega, además, en un momento sensible: estaciones de servicio ya enfrentan recortes en la provisión de GNC, lo que expone limitaciones en la oferta justo cuando aumenta la demanda estacional.

Si bien el incremento estimado se ubica entre el 1% y el 3%, su impacto real dista de ser homogéneo. Las facturas estarán atravesadas por múltiples variables, entre ellas el costo del gas en el punto de ingreso al sistema (PIST), el tipo de cambio utilizado para su cálculo y los costos de distribución. A esto se suma la incorporación del Precio Anual Uniforme (PAU), que funciona como referencia central para determinar el valor del fluido.

En términos concretos, los usuarios residenciales sin subsidios enfrentarán cargos fijos que, en los segmentos más bajos, ya superan los $3900 mensuales en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en las categorías de mayor consumo los valores escalan de manera significativa, evidenciando una estructura tarifaria cada vez más exigente para los hogares de alto uso.

El esquema de subsidios, por su parte, se mantiene bajo el formato de focalización. Esto implica que las bonificaciones solo se aplican sobre una parte del costo —el precio del gas definido por el PAU— y quedan restringidas a sectores considerados vulnerables. En la práctica, el modelo refuerza una segmentación del acceso, donde una porción creciente de usuarios debe afrontar tarifas más cercanas al costo pleno.

El nuevo ajuste confirma la estrategia oficial: avanzar en la recomposición tarifaria de manera escalonada, incluso en un escenario de consumo condicionado y con señales de estrés en el sistema. Más que un cambio abrupto, se trata de una continuidad en la política de trasladar costos al usuario final, en un servicio donde el margen de reducción del consumo es limitado.