El agua también sube: el Gobierno fija aumentos mensuales y traslada el ajuste a los usuarios

El nuevo esquema consolida una lógica de ajustes graduales pero persistentes, donde la previsibilidad de las subas no necesariamente se traduce en alivio, sino en una presión constante sobre los ingresos de los hogares.

El proceso de recomposición tarifaria suma un nuevo capítulo. El Gobierno redefinió el esquema de aumentos en el servicio de agua potable y cloacas que presta AySA, estableciendo subas mensuales con topes definidos, pero sostenidas en el tiempo.

La medida fue oficializada mediante una resolución del Ente Regulador de Agua y Saneamiento y confirma la continuidad de una política orientada a reducir subsidios y trasladar costos a los usuarios.

El nuevo esquema fija límites del 4% mensual entre enero y abril, y del 3% entre mayo y agosto. Aunque presentados como un intento de moderar el impacto, estos incrementos periódicos consolidan una dinámica de ajuste continuo en un servicio esencial, con escaso margen de sustitución para los hogares.

El mecanismo se apoya en la actualización del denominado Coeficiente K, una fórmula que sigue variables macroeconómicas y busca garantizar el equilibrio financiero de la concesión sin asistencia estatal directa. En los hechos, esto implica que las tarifas quedan atadas a la evolución de la economía, trasladando de manera casi automática las tensiones inflacionarias a las boletas.

Desde el regulador sostienen que los topes mensuales buscan suavizar el impacto, pero el objetivo de fondo es reducir el atraso tarifario acumulado en los últimos años. Ese argumento también esgrimido por la empresa, que estimó pérdidas por más de 95 mil millones de pesos y vinculó ese desfasaje con menores inversiones y mayores necesidades de financiamiento.

En este escenario, la resolución exige a AySA la presentación de informes económico-financieros durante 2026, en un intento por monitorear la evolución del esquema y el cumplimiento de metas. Sin embargo, el eje de la política parece estar puesto en la convergencia tarifaria más que en una discusión integral sobre la calidad del servicio o la capacidad de pago de los usuarios.

El mantenimiento de la Tarifa Social introduce un mecanismo de contención focalizado, aunque limitado. Las bonificaciones seguirán dirigidas a sectores vulnerables, mientras una porción creciente de la población queda expuesta a aumentos sistemáticos.