“No pagan asfalto, pagan manos levantadas”: la explosiva denuncia de Pagano contra el Gobierno
La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el Gobierno de Javier Milei y colocó en el centro del debate político una acusación de alto impacto institucional: un presunto mecanismo de transferencias millonarias a provincias para garantizar respaldo legislativo a proyectos clave impulsados por la Casa Rosada.
La legisladora, integrante del bloque Coherencia, difundió un extenso escrito a través de la red social X y luego formalizó la presentación judicial ante el juzgado federal de Julián Ercolini. Allí sostiene que recursos provenientes del impuesto a los combustibles, que por ley tienen destino específico para obras viales, habrían sido utilizados para asistir financieramente a gobernadores cuyos legisladores acompañaron iniciativas centrales del oficialismo.
“Los aliados recibieron plata a cambio. Cada voto se pagó a gobernadores en una maniobra ilegal, inmoral e ilegítima”, afirmó Pagano en el inicio de su descargo público, marcando una ruptura política con el oficialismo libertario.
El corazón de la acusación
Según la denuncia, el Gobierno habría utilizado fondos de la denominada caja vial nacional para realizar transferencias extraordinarias en los días previos o coincidentes con votaciones sensibles en el Congreso. Pagano asegura haber detectado un patrón de desembolsos que, en determinadas jornadas, superó en más de tres veces el promedio habitual de pagos del mes.
La diputada apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, a quien atribuyó la ejecución de las transferencias mediante el Banco Nación.
El planteo judicial encuadra las presuntas conductas en los delitos de administración fraudulenta, cohecho y malversación de caudales públicos.
Una “lista de precios” para las leyes
El aspecto más polémico del escrito es la publicación de un detalle de montos que, según Pagano, se habrían vinculado con distintas votaciones legislativas:
►Reforma laboral: $17.139 millones.
►Ley de glaciares: $12.551 millones.
►Hojarasca y zonas frías: $14.096 millones.
►Ley Bases: $11.275 millones.
►Vetos vinculados a jubilaciones y discapacidad: $20.983 millones.
La diputada sostiene que solo tres de esas operaciones representarían $33.786 millones, equivalentes a más de la mitad del presupuesto ejecutado por la caja vial en un período de cinco meses.
El Gobierno, hasta el momento, no emitió una respuesta oficial sobre las acusaciones ni sobre la documentación difundida por la legisladora.
Gobernadores bajo sospecha
La denuncia también individualiza a varios mandatarios provinciales que, según Pagano, habrían recibido transferencias asociadas a obras viales mientras sus representantes legislativos acompañaban iniciativas del Ejecutivo nacional.
Entre los mencionados figuran:
►Carlos Sadir (Jujuy).
►Hugo Passalacqua y Carlos Rovira (Misiones).
►Osvaldo Jaldo (Tucumán).
►Claudio Vidal (Santa Cruz).
►Gustavo Sáenz (Salta).
La legisladora afirmó que las partidas estaban vinculadas a obras sobre rutas nacionales específicas, aunque no presentó públicamente, al menos hasta ahora, resoluciones administrativas o contratos que prueben de manera concluyente la relación entre esas transferencias y los votos parlamentarios.
El trasfondo político
La presentación llega en un momento de alta dependencia legislativa del oficialismo, que necesita acuerdos permanentes con gobernadores y bloques provinciales para sostener su agenda parlamentaria. En ese contexto, la denuncia de Pagano introduce un elemento especialmente sensible: la posibilidad de que las negociaciones políticas hayan excedido los mecanismos habituales de distribución de recursos federales.
El caso adquiere además una dimensión simbólica porque la diputada comparó el supuesto mecanismo con los antecedentes de la causa Vialidad, que investigó el desvío de fondos destinados a obras públicas durante gobiernos anteriores.
“No pagan asfalto: pagan manos levantadas”, sostuvo Pagano, sintetizando el núcleo de su acusación.
Un expediente con impacto institucional
La radicación de la causa en el juzgado de Julián Ercolini añade un componente adicional de tensión política y judicial. La propia diputada recordó que el magistrado intervino en expedientes vinculados a corrupción en la obra pública y reclamó que aplique el mismo criterio de análisis utilizado en investigaciones anteriores.
Más allá de la solidez que pueda alcanzar la denuncia en sede judicial, el episodio ya produjo un efecto político inmediato: reinstaló el debate sobre la utilización de fondos con asignación específica, la relación financiera entre la Nación y las provincias y los mecanismos de construcción de mayorías parlamentarias en la gestión de Javier Milei.
Por ahora, la acusación se encuentra en una etapa inicial y deberá atravesar el proceso de verificación judicial de la documentación, trazabilidad de las transferencias y eventual vínculo causal con las votaciones legislativas señaladas por la diputada. Sin embargo, su impacto político ya abrió un nuevo foco de conflictividad para la Casa Rosada y amenaza con profundizar las tensiones entre el oficialismo, sus aliados parlamentarios y varios gobernadores provinciales.
