Revés judicial al DNU 340: la Justicia suspende la desregulación de la marina mercante impulsada por el Gobierno

La medida cautelar fue concedida por el juez subrogante Adrián González Charvay, quien respondió a un reclamo interpuesto por el Centro de Patrones y otros gremios marítimos, al considerar que el decreto vulnera derechos laborales y amenaza la soberanía sobre las vías navegables.

En otro golpe judicial al proyecto de desregulación económica del presidente Javier Milei, el Juzgado Federal de Campana resolvió suspender la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2024, que afectaba de manera directa a la actividad de la marina mercante nacional.

El fallo representa un freno significativo a uno de los ejes centrales del plan libertario: la eliminación de regulaciones sectoriales que, según el discurso oficial, traban la competitividad y la inversión privada. En este caso, el decreto pretendía derogar convenios colectivos, reducir el derecho a huelga y facilitar la liberalización del sector fluvial y marítimo, abriendo la puerta a una mayor injerencia de empresas extranjeras en la navegación de cabotaje.

Para los gremios marítimos, sin embargo, el DNU implicaba un retroceso en materia de derechos laborales y una amenaza directa a los puestos de trabajo. Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones, fue enfático al calificar el decreto como un “avasallamiento” a la legislación nacional y advirtió que se trataba de una estrategia que ponía en riesgo la soberanía logística del país. “El decreto buscaba disolver conquistas históricas y transferir el control de nuestra navegación a intereses foráneos”, expresó tras conocerse el fallo.

El sindicalismo marítimo también puso el foco en un aspecto más profundo: el intento del Ejecutivo de utilizar herramientas excepcionales como los DNU para avanzar con reformas estructurales que, constitucionalmente, requieren del debate parlamentario. La Justicia, al conceder esta medida cautelar, no solo protege los convenios colectivos en el sector, sino que también lanza un mensaje político: los límites institucionales a los decretos presidenciales siguen vigentes.

La medida judicial, no obstante, es de carácter provisional. La cuestión de fondo —la constitucionalidad o no del DNU 340— aún está pendiente de resolución. Moreno lo dejó en claro: “Este fallo es un primer paso, pero no resuelve la cuestión de fondo. La lucha sigue, tanto en los tribunales como en el Congreso, donde exigimos la derogación definitiva del decreto”.

El caso de la marina mercante se suma a una serie de tropiezos judiciales que ha tenido el gobierno de Javier Milei desde la promulgación del megadecreto 70/2023 y otros instrumentos similares. En distintos frentes, los tribunales han actuado como contrapeso institucional frente al intento de reformular por decreto sectores como el laboral, el comercial y ahora el logístico-marítimo.

Además del conflicto jurídico, el fallo de Campana pone en evidencia una dimensión estratégica que trasciende lo gremial. La marina mercante cumple un rol clave en el transporte interno de mercancías, la exportación agroindustrial y el control de la hidrovía Paraná-Paraguay, principal vía de salida del comercio exterior argentino. La desregulación de este sector no solo afecta derechos laborales, sino que también tiene consecuencias geopolíticas y económicas de largo alcance.

En resumen, la suspensión del DNU 340 por parte de la Justicia no solo representa una victoria para los gremios marítimos, sino también una señal de advertencia al Gobierno: la desregulación no será sencilla si avanza por fuera del marco constitucional. El conflicto, lejos de haberse cerrado, continúa en todos los frentes —judiciales, legislativos y sindicales—, mientras se profundiza la discusión sobre el modelo de país que se quiere construir desde el poder ejecutivo.