Crisis en Lácteos Verónica: buscan despedir a 200 operarios, abonar indemnización del 50% en 6 cuotas
Lo que comenzó como una solicitud de Proceso Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo de la Nación terminó por encender las alarmas de sindicatos, autoridades locales y trabajadores, que hoy sostienen medidas de fuerza ante lo que consideran una “crisis inducida”.
La histórica empresa Lácteos Verónica atraviesa una crisis que no solo amenaza con dejar a 200 trabajadores en la calle, sino que también expone un posible entramado de maniobras financieras destinadas a licuar pasivos laborales y redirigir recursos a sociedades vinculadas.
La compañía, que cuenta con tres plantas en Santa Fe —Clason, Lehmann y Suardi— y emplea a 700 operarios, propuso despedir a casi un tercio del personal, pagarles una indemnización del 50% en seis cuotas, suspender rotativamente al 30% restante por 60 días, y eliminar el tercer turno durante al menos cuatro meses. A su vez, anunció que no respetará el convenio colectivo por un año, y que continuará fraccionando el pago de sueldos y aguinaldos. Todo esto, sin presentar la documentación financiera que respalde una crisis real.
La Secretaría de Trabajo rechazó el PPC al considerar que la empresa no acreditó los fundamentos económicos de su solicitud: la supuesta deuda de 50 millones de dólares nunca fue acompañada por balances ni informes técnicos. Esta omisión alimentó las sospechas de que la empresa está utilizando el mecanismo legal para facilitar despidos y reducir obligaciones sin enfrentar conflictos judiciales.
La situación impacta no solo en los trabajadores, sino también en las economías regionales. “Cada trabajador que no cobra es dinero que deja de circular en la comunidad”, explicó Sergio Polidoro, delegado gremial en la planta de Clason. El delegado alertó además sobre la disminución de la provisión de leche cruda por parte de Las Becerras S.A., una empresa tambera propiedad de la misma familia dueña de Lácteos Verónica. Según los trabajadores, el desvío deliberado de materia prima hacia otras firmas revela un intento de vaciamiento encubierto.
Las sospechas crecen en torno a operaciones entre ambas empresas —Verónica y Las Becerras—, que compartirían activos y administración. Desde 2012, Las Becerras pertenece a la familia Espiñeira, accionista mayoritaria de la láctea, y los trabajadores denuncian ventas de campos y desvíos productivos que nunca fueron transparentados ni debidamente valuados. “No tienen intención de sanear la situación. Todo apunta a seguir generando más crisis y descargar el peso sobre los trabajadores”, aseguró Polidoro.
El diputado provincial Carlos Del Frade también se sumó a las voces críticas al calificar el conflicto como “una crisis provocada deliberadamente”, más ligada a movimientos financieros que a una verdadera emergencia productiva. La empresa, por su parte, afirma que mantendrá inversiones y formaciones internas, aunque no ofreció pruebas de tales compromisos.
En este marco, los trabajadores continúan con retención de tareas de cuatro horas por turno y se mantienen en estado de asamblea. La empresa aún no abonó los sueldos de junio, el aguinaldo ni los aportes patronales correspondientes. Mientras tanto, la producción se sostiene con mínima capacidad operativa y el abastecimiento de insumos es cada vez más escaso.
La incertidumbre también golpea a los pueblos donde operan las plantas. “Son ciudades con dinámica de pueblo: todo se resiente, desde la despensa hasta la ferretería”, detalló Polidoro. En Lehmann, el presidente comunal Marcelo Blett advirtió que el cierre de la planta significaría un golpe durísimo para más de cien familias. “Muchos empleados tienen más de 50 años. Reinsertarse en el mercado laboral hoy es muy difícil, y mientras tanto hay que pagar alquiler, mantener una familia, vivir”, lamentó.
El caso de Lácteos Verónica pone en evidencia los límites del control estatal frente a empresas que apelan a figuras legales para reestructurarse a costa de los derechos laborales. También muestra cómo las decisiones empresariales, muchas veces disfrazadas de “crisis”, pueden tener efectos devastadores en comunidades enteras. Por ahora, los trabajadores siguen resistiendo, pero la desconfianza crece y el desenlace del conflicto permanece abierto.
