Retroceso ambiental: El gobierno derogó la ley que prohibía el trafico de animales vivos

En nombre de la libertad económica, el gobierno habilita la libre circulación de animales vivos sin prever el daño ecológico que eso puede causar. Lo que se anuncia como eficiencia administrativa es, en realidad, una política que deja a la fauna silvestre expuesta, sin defensa y al servicio de un mercado sin límites.

Con el argumento de simplificar regulaciones y promover la actividad económica, el Gobierno nacional derogó una serie de normativas que prohibían la exportación y el tráfico interprovincial de animales vivos.

La medida, formalizada a través de la disposición 381/2025 de la Subsecretaría de Ambiente, significa un cambio profundo —y preocupante— en la política de protección de la fauna silvestre en Argentina.

Publicada en el Boletín Oficial a principios de abril, la disposición firmada por el subsecretario Fernando Brom elimina tres prohibiciones clave: la exportación de animales vivos, el tránsito interprovincial de ejemplares de especies autóctonas y la comercialización de fauna en jurisdicción federal. En otras palabras, se abre la puerta para que animales vivos —posiblemente en peligro o sin controles sanitarios adecuados— circulen, se comercialicen y salgan del país sin mayores restricciones.

Entre el mercado y el ambiente: ¿qué se desregula realmente?

El gobierno justifica la medida bajo el paraguas de la “desburocratización” y la “modernización” del Estado, en línea con su estrategia de desregulación generalizada. Sin embargo, lo que se presenta como eficiencia administrativa podría derivar en un grave retroceso ambiental y ético. Las normativas derogadas habían sido creadas para proteger la biodiversidad y evitar prácticas abusivas, como el tráfico ilegal, la caza furtiva y la exportación de especies sin trazabilidad.

Ahora, con la eliminación de esos controles, se diluyen los mecanismos de fiscalización y se genera un terreno fértil para el comercio indiscriminado de fauna viva. Si bien la disposición no habilita explícitamente la ilegalidad, reduce drásticamente las barreras que dificultaban prácticas predatorias disfrazadas de comercio lícito.

Fauna autóctona en riesgo: ¿quién controla ahora?

El impacto más inmediato recae sobre las especies autóctonas, muchas de las cuales ya enfrentan amenazas por pérdida de hábitat, caza o cambio climático. La autorización del tránsito interprovincial sin restricciones abre un nuevo frente de presión sobre ecosistemas frágiles y sobre especies que, hasta ahora, estaban protegidas del comercio y desplazamiento arbitrario.

Además, en un país federal como Argentina, donde las capacidades de control varían enormemente entre provincias, la desregulación sin una estructura de fiscalización coordinada puede significar una virtual anarquía en el manejo de fauna silvestre.

La reactivación de la exportación de animales vivos también remite a un modelo extractivista donde los recursos naturales —incluida la vida silvestre— son tratados como mercancías para generar divisas a corto plazo. Esto se da en un contexto donde el gobierno insiste en equilibrar las cuentas externas sin importar el costo social o ambiental.

¿Es la exportación de animales vivos una estrategia económica sostenible o simplemente otra forma de vaciamiento ecológico con fines recaudatorios?

Silencio oficial, preocupación social

Hasta el momento, la medida no fue acompañada de declaraciones públicas por parte del Ministerio de Ambiente ni del presidente Javier Milei, que suelen evitar temas vinculados a la ecología en su discurso público. En cambio, el rechazo comienza a consolidarse entre organizaciones ambientalistas, veterinarios y científicos que advierten que esta “libertad de mercado” aplicada a seres vivos puede tener consecuencias irreversibles.

En un país que aún enfrenta el flagelo del tráfico ilegal de fauna —con especies como el yaguareté, el guacamayo rojo y el tatú carreta en situación crítica—, la decisión del Ejecutivo aparece como una señal clara: los intereses comerciales vuelven a imponerse por sobre los principios de conservación.