Reforma vial 2026: digitalización, controles escalonados y nuevo esquema de sanciones en la Ley de Tránsito

La reforma presenta una doble cara. Por un lado, simplifica trámites, digitaliza procesos y descentraliza servicios. Por otro, endurece el régimen de control y sanciones, trasladando mayor responsabilidad al conductor.

Desde febrero comenzó a regir una serie de modificaciones en la Ley de Tránsito que apuntan a modernizar el sistema, reducir trámites presenciales y avanzar hacia una mayor digitalización de la gestión vehicular en la Argentina.

El paquete de cambios no solo introduce herramientas tecnológicas, sino que también redefine responsabilidades, controles y costos para los conductores, en un esquema que combina simplificación administrativa con mayores exigencias en materia de seguridad vial.

Uno de los ejes centrales es la transformación de la Licencia Nacional de Conducir. Para las categorías A, B y G, el carnet físico ya no exhibe la fecha de vencimiento en varias jurisdicciones y se complementa con su versión digital a través de la aplicación Mi Argentina. El objetivo oficial es avanzar hacia un sistema más dinámico y unificado entre provincias, aunque la implementación efectiva dependerá de la coordinación federal y de la adopción tecnológica en todo el territorio.

En paralelo, se estableció un esquema de controles psicofísicos más segmentado por edad: cada cinco años hasta los 65, cada tres hasta los 70 y de forma anual a partir de esa edad. La lógica detrás de este cambio es focalizar los controles donde se presume mayor riesgo, reduciendo cargas administrativas para conductores más jóvenes y activos.

Otro punto relevante es la eliminación de la renovación automática del estado “principiante” al primer año. Si bien se flexibiliza el trámite, las infracciones graves cometidas durante los primeros dos años podrán derivar en la suspensión de la licencia. Aquí se observa un giro conceptual: menos burocracia formal, pero mayor énfasis en la conducta efectiva del conductor.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) también se reestructura. Los vehículos de hasta cuatro años o con menos de 60.000 kilómetros quedan exceptuados; entre cinco y diez años, la revisión será cada dos años; y a partir de la década de antigüedad, anual. Además, se habilita en muchas provincias la realización de la VTV en talleres y concesionarios privados autorizados, lo que introduce competencia en un sistema tradicionalmente concentrado en plantas oficiales. La contracara es la liberalización tarifaria: cada taller podrá fijar su precio, abriendo un escenario donde el costo dependerá del mercado y no de una tarifa regulada.

En materia sancionatoria, la normativa fija plazos de prescripción: dos años para multas leves y cinco para graves, siempre que no exista notificación judicial. Esta medida busca ordenar el sistema de deudas y facilitar operaciones como la transferencia de vehículos, reduciendo pasivos administrativos acumulados.

Hacia fines de 2026, el Gobierno prevé que el 50% de las rutas nacionales incorporen peajes automáticos bajo el sistema Free Flow, basado en lectura de patentes. Quienes no utilicen TelePASE podrán enfrentar recargos de hasta el triple del valor habitual, lo que funciona como incentivo económico para la adopción del sistema electrónico.

Finalmente, el sistema de scoring se vuelve más estricto: la pérdida total de los 20 puntos implicará una suspensión de 60 días. La recuperación anticipada solo será posible mediante cursos de seguridad vial, con un tope de cuatro puntos por capacitación. La lógica combina castigo y reeducación, reforzando el enfoque preventivo.