Quintela reformó la Justicia Electoral de La Rioja y amplió el control sobre los partidos

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, promulgó una nueva Ley Electoral que modifica de manera significativa la estructura encargada de administrar y controlar los procesos electorales de la provincia. La Ley 10.898 crea un Juzgado Electoral permanente con un mandato de diez años, extiende de dos a cuatro años la permanencia de los integrantes del Tribunal Electoral y amplía las atribuciones judiciales sobre los partidos políticos, sus padrones, autoridades, procesos internos y patrimonio.

La reforma fue impulsada por el Poder Ejecutivo, aprobada por la Legislatura el 13 de agosto y promulgada el 18 mediante el Decreto 1.278, antes del proceso electoral de 2027.

El nuevo esquema reemplaza un sistema vigente desde 1983, en el que la primera instancia electoral estaba a cargo de un juez de Paz Letrado designado por sorteo y durante apenas un año. Ahora funcionará un juzgado especializado con jurisdicción en toda la provincia, secretaría propia y una remuneración equivalente a la de un juez de Cámara.

Su titular será designado mediante los mecanismos establecidos por la Constitución provincial y el Consejo de la Magistratura, por lo que la ley no otorga al gobernador la potestad de elegirlo directamente.

El aspecto políticamente más relevante de la modificación no reside en el voto de los ciudadanos ni en el mecanismo formal de designación del magistrado, sino en la creación de una estructura judicial permanente y con amplias competencias. El nuevo juez tendrá intervención sobre el reconocimiento y funcionamiento de los partidos, sus registros de afiliados, símbolos y nombres, decisiones internas y control patrimonial. También deberá resolver los expedientes en un plazo máximo de cinco días, después del cual perderá automáticamente la jurisdicción sobre el caso.

La reforma también altera la composición y duración del Tribunal Electoral. El organismo estará integrado por tres miembros: un integrante del Tribunal Superior de Justicia, que ocupará la presidencia; un juez de Cámara; y un representante del Ministerio Público de la Defensa. Sus integrantes serán seleccionados por sorteo y permanecerán cuatro años en sus cargos, el doble del período previsto por la legislación anterior. Además, no podrán haber ejercido funciones partidarias durante los cuatro años previos a su designación.

Entre las nuevas atribuciones del Tribunal se encuentran la organización de las elecciones, la oficialización de candidaturas, el escrutinio definitivo, la proclamación de los electos y la revisión de las decisiones adoptadas por el Juzgado Electoral. La normativa también establece autonomía funcional y financiera y permite al organismo elaborar su propio presupuesto, mientras que los expedientes deberán tramitarse de manera electrónica.

Otro cambio significativo es la creación de un Registro Provincial de Electores. Sin embargo, durante el período de transición continuará utilizándose el padrón nacional hasta que la nueva base de datos provincial pueda ser conformada y coordinada con la Justicia Federal.

El oficialismo justificó la reforma como una adaptación a la Constitución provincial modificada en 2024 y como el paso de un esquema transitorio hacia una estructura electoral especializada. Sin embargo, el carácter estratégico del cambio queda expuesto por el momento en que se implementa y por el alcance de las facultades otorgadas al nuevo sistema: la provincia tendrá, antes de las elecciones de 2027, un juez electoral con una década de permanencia, un Tribunal con mandatos más extensos y mayores herramientas para intervenir sobre la vida interna y los recursos de los partidos políticos.

La reforma no implica que Quintela pueda designar directamente al juez electoral, pero sí modifica de manera sustancial las reglas bajo las cuales se administrará la competencia política provincial.

El hecho de que la iniciativa haya partido del Ejecutivo, haya sido aprobada por la Legislatura y promulgada pocos días después coloca al gobernador en el centro de una transformación institucional que tendrá impacto directo sobre el árbitro de las próximas elecciones y sobre los partidos que competirán en ellas.