El gobierno bonaerense investiga a billeteras virtuales por denuncias de abusos y prácticas de crédito

El anuncio fue realizado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, quienes cuestionaron el funcionamiento de un sector que adquirió un papel cada vez más relevante en el acceso al crédito de las familias.

En medio del creciente endeudamiento de los hogares, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires inició una investigación sobre varias billeteras virtuales a partir de miles de denuncias por presuntos incumplimientos de la Ley de Defensa del Consumidor, cobros y prácticas de hostigamiento.

Según informó Costa, durante los primeros seis meses del año la Dirección de Defensa del Consumidor recibió 2.240 denuncias contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud. Las presentaciones incluyen acusaciones por incumplimientos de la normativa, acoso y hostigamiento a usuarios con deudas. Frente a esta situación, la Provincia abrió un expediente para determinar bajo qué criterios las empresas fijan las tasas de interés y cuál es el costo financiero total que efectivamente afrontan los consumidores.

Las compañías involucradas deberán presentar sus descargos y, si la investigación confirma las irregularidades denunciadas, podrían recibir multas de hasta $1.883 millones, además de quedar obligadas a corregir o revertir los incumplimientos detectados. El proceso pone bajo la lupa a un sector que pasó de ofrecer principalmente servicios de pago a convertirse también en una importante fuente de financiamiento para los hogares.

Kicillof vinculó esta situación con el deterioro de los ingresos y el aumento del endeudamiento durante el gobierno de Javier Milei. Según planteó, alrededor del 60% de los adultos argentinos tiene algún tipo de deuda y cerca de seis millones de personas se encuentran en mora. Desde su perspectiva, una parte importante de esos créditos no se destina al consumo suntuario, sino a cubrir necesidades esenciales como alimentos, medicamentos y alquileres.

El planteo abre además un debate sobre la regulación de las fintech. El gobernador sostuvo que las billeteras virtuales otorgan créditos y administran fondos sin estar sometidas a las mismas herramientas de regulación macroprudencial que pesan sobre otras entidades financieras, lo que, a su entender, podría generar riesgos adicionales en un contexto de fuerte crecimiento de la morosidad. La investigación bonaerense buscará determinar ahora si detrás de las denuncias existen incumplimientos sistemáticos y si las condiciones de financiamiento ofrecidas a los usuarios resultan compatibles con las normas de protección al consumidor.

Mientras el Gobierno nacional sostiene una postura de menor intervención sobre las relaciones crediticias, la administración bonaerense intenta ocupar ese espacio mediante controles y sanciones. El conflicto refleja una discusión más amplia: hasta dónde puede considerarse una decisión estrictamente privada el endeudamiento de millones de familias cuando el crédito comienza a utilizarse para afrontar gastos básicos y las tasas pueden profundizar aún más su situación financiera.