Diputados de Unión por la Patria convocan al embajador chileno por una nueva ruta aérea a Malvinas

La iniciativa fue firmada por los integrantes de Unión por la Patria que forman parte de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados. Entre ellos se encuentran Santiago Cafiero, Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Juan Carlos Molina, Lorena Pokoik, Nicolás Trotta, Roxana Monzón y otros legisladores del bloque.

El pedido apunta a obtener precisiones sobre el alcance de la operación marítima y sus posibles consecuencias económicas y diplomáticas, en un contexto en el que la Argentina busca preservar su reclamo de soberanía sobre las islas y evitar que nuevas actividades comerciales contribuyan al aprovechamiento de recursos naturales en las zonas en disputa.

Diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), encabezados por el ex canciller Santiago Cafiero, impulsaron un proyecto de resolución para citar al embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, al Congreso. El objetivo es que brinde explicaciones sobre la nueva conexión comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas y aclare si podría utilizarse para facilitar actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en zonas cuya soberanía está en disputa.

La iniciativa busca conocer la posición oficial del Gobierno chileno frente a la apertura de esta ruta y determinar si la operación se ajusta a los compromisos diplomáticos asumidos por el país trasandino en relación con la Cuestión Malvinas. También pretende establecer qué intervención tuvieron las autoridades chilenas en la autorización y puesta en marcha del servicio.

Según trascendió a través de información periodística, la empresa chilena Easter Island Naviera proyecta comenzar en noviembre una conexión marítima regular entre Punta Arenas y las islas mediante el buque Danstar, destinada al abastecimiento comercial del archipiélago.

Para los legisladores peronistas, el anuncio abre interrogantes políticos, económicos y diplomáticos que deben analizarse teniendo en cuenta el reclamo argentino de soberanía. En los fundamentos del proyecto, remarcaron que la nueva ruta debe evaluarse a la luz del respaldo que Chile manifestó históricamente a los derechos argentinos sobre Malvinas, tanto en declaraciones bilaterales como en pronunciamientos realizados en el ámbito del MERCOSUR.

Los diputados sostienen que ese apoyo diplomático debe reflejarse también en las acciones concretas de los países de la región, respetando el derecho internacional y las normas vigentes sobre navegación.

Entre los puntos que los legisladores pretenden conocer figuran las características de la operación comercial, la intervención de organismos oficiales chilenos, la bandera y las condiciones de la embarcación, así como el tipo de mercaderías que transportará.

Además, solicitan información sobre la eventual prestación de servicios logísticos a compañías que desarrollen actividades económicas bajo autorizaciones británicas en territorios y espacios marítimos sujetos a la disputa de soberanía.

Uno de los principales focos de preocupación es la posibilidad de que la conexión no se limite al abastecimiento de la población de las islas, sino que también contribuya a facilitar proyectos vinculados con la exploración y explotación de recursos naturales sin autorización argentina.

En ese sentido, los firmantes consideran necesario determinar si existen elementos que justifiquen analizar la aplicación de la Ley 26.659 y sus modificatorias, que establece restricciones y sanciones relacionadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina.

El proyecto advierte que la creación de nuevas vías logísticas podría tener consecuencias para la posición argentina sobre Malvinas, especialmente si favoreciera el desarrollo de actividades económicas en áreas sometidas a la controversia de soberanía.

Los diputados recordaron que Chile sostuvo durante las últimas décadas su respaldo a los legítimos derechos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Por eso, consideran necesario que el Gobierno chileno explique cómo compatibiliza esa postura diplomática con el establecimiento de nuevas conexiones comerciales con el archipiélago.