Milei reunió al Gabinete y reordenó prioridades: Presupuesto, Malvinas y reforma electoral
El Presupuesto 2027, la reforma electoral y el futuro de las PASO estuvieron entre los principales asuntos analizados, mientras crece la presión de los gobernadores por la situación financiera de las provincias y el endeudamiento de las familias.
El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en un contexto marcado por el impacto político de la cuestión Malvinas y por la necesidad del Gobierno de avanzar en iniciativas clave para la segunda mitad del año.
El encuentro fue el tercero consecutivo convocado por el mandatario durante las últimas semanas y contó con la participación de funcionarios y dirigentes de peso dentro del oficialismo. Entre ellos estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y la senadora Patricia Bullrich, exministra de Seguridad.
Uno de los temas que volvió a ocupar un lugar central fue el conflicto por las Islas Malvinas. De acuerdo con información difundida desde Casa Rosada, el Ejecutivo comenzó a definir medidas destinadas a poner en marcha algunos de los anuncios realizados por Milei durante su última cadena nacional. Entre las alternativas analizadas aparecen eventuales sanciones contra compañías que desarrollen actividades vinculadas con la explotación de recursos en las islas y la posibilidad de crear un Consejo de Seguridad Nacional.
El calendario legislativo también impuso su peso en la reunión. El Gobierno trabaja contrarreloj para terminar de definir el proyecto de Presupuesto 2027, que deberá ser remitido al Congreso antes del 15 de septiembre. La iniciativa será una de las principales pruebas políticas para el oficialismo, especialmente por la necesidad de construir acuerdos parlamentarios que permitan su tratamiento.
En materia electoral, el escenario también experimentó un giro. La eliminación definitiva de las PASO habría perdido fuerza ante la falta de respaldo político suficiente. En su lugar, el Gobierno evalúa impulsar modificaciones que permitan convertirlas en una instancia no obligatoria, una alternativa orientada a facilitar acuerdos con otros sectores y evitar una confrontación legislativa difícil de sortear.
La relación con los gobernadores fue otro de los puntos sensibles. Las dificultades económicas de las provincias y el creciente endeudamiento de los ciudadanos agregan presión sobre el vínculo entre la Nación y los mandatarios provinciales. Para el Gobierno, esta cuestión no solo representa un problema económico, sino también una dificultad política, debido a que buena parte de los gobernadores conserva capacidad de influencia sobre legisladores nacionales.
Ese escenario puede resultar decisivo para el tratamiento de proyectos estratégicos del Ejecutivo. Entre ellos se encuentra el denominado Súper RIGI, una ampliación del régimen de incentivos a las grandes inversiones que continúa sin avanzar en el Senado. La discusión sobre los recursos que reciben las provincias y los reclamos de los gobernadores podrían convertirse, así, en una de las principales variables para definir el futuro de la agenda legislativa oficial.
