María Servini relativizó el futuro carcelario de Cristina Kirchner y abrió el debate sobre la Corte
Con la experiencia de décadas en el Poder Judicial, Servini analizó que es improbable que la exmandataria cumpla de forma completa la condena, sugiriendo que se podría hallar una solución política para evitar el desgaste institucional de una eventual detención prolongada.
Las declaraciones de la jueza federal María Servini encendieron un nuevo capítulo en torno a la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenada por corrupción.
“¿Qué presidente ha cumplido toda su condena de prisión?”, ironizó la magistrada en diálogo con El Destape Radio, aludiendo a la excepcionalidad de casos como el de Carlos Menem, detenido brevemente durante los años noventa.
Para Servini, la prisión de una figura de la magnitud de Cristina Kirchner generaría un “conflicto de todos los días” que difícilmente pueda sostenerse en el tiempo.
Su diagnóstico apunta también a la debilidad del actual esquema judicial para absorber tensiones políticas de alta intensidad. En ese sentido, Servini consideró que una salida podría pasar por la ampliación de la Corte Suprema, actualmente reducida a tres miembros en actividad. “Si cambia la conformación de la Corte, puede cambiar algo”, adelantó, y deslizó que el año próximo podría avanzar un proyecto para elevar el número de jueces a siete.
La lectura de Servini refleja no solo su percepción sobre el devenir del caso de la expresidenta, sino también la dificultad estructural del sistema judicial argentino para procesar conflictos cuando se cruzan poder político y causas penales. El hecho de que la jueza mencione la vía política como posible resolución confirma que la cuestión trasciende los límites estrictos del expediente judicial y se inserta en la disputa de poder más amplia.
En definitiva, sus palabras reavivan el debate sobre la viabilidad de aplicar condenas firmes a expresidentes en Argentina y, al mismo tiempo, exponen la fragilidad institucional para sostener penas de prisión cuando involucran a líderes con fuerte peso político. En ese contexto, la posibilidad de reformar la Corte asoma como un factor decisivo para redefinir el equilibrio entre la política y la Justicia en los próximos meses.
