Fuerte rechazo del PJ al fallo de Preska sobre YPF: «Desprecia la inmunidad soberana»

El fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska, que ordena a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF como parte del litigio impulsado por el fondo Burford Capital, encendió una dura reacción del Partido Justicialista (PJ), que calificó la decisión como “una orden colonial” y denunció un “desprecio por la inmunidad soberana” de los Estados.

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, el PJ afirmó que la resolución vulnera principios elementales del derecho público y privado argentino, además de contradecir normas básicas del Derecho Internacional. Según el texto, la magistrada Preska “pretende que el Congreso de la Nación Argentina autorice la entrega de acciones de YPF, propiedad del Estado Nacional y de las provincias, a un fondo buitre en Nueva York”, con el objetivo de garantizar el pago de una deuda cuya existencia —aseguran— ha sido desconocida y apelada por el Estado argentino.

La posición del justicialismo apunta no solo a rechazar la sentencia, sino también a trazar un posicionamiento político de defensa de la soberanía. El comunicado reclama que los legisladores del oficialismo y otras fuerzas que “quieran defender la patria” se opongan de forma contundente a la orden judicial extranjera. Además, el partido convocó a construir un frente social y multipartidario para proteger los intereses nacionales, y reclamó al Gobierno que refuerce las medidas de defensa frente a lo que considera un avance ilegítimo.

El conflicto por la expropiación de YPF, que comenzó en 2012, sumó así un nuevo capítulo de alta tensión jurídica y política. La jueza Preska ya había fallado a favor de Burford Capital el año pasado, al considerar que el proceso de nacionalización de la petrolera incumplió obligaciones de compensación. Ahora, con esta nueva disposición de traspaso accionario, la disputa escala a un nivel que el PJ interpreta como una amenaza directa al control estatal de un recurso estratégico.

Más allá de los términos legales, la controversia reactiva un debate de fondo sobre los límites del poder judicial extranjero para intervenir en decisiones soberanas de países como la Argentina. También revela las complejidades de un litigio que, más de una década después de la reestatización de YPF, sigue generando costos y tensiones tanto a nivel jurídico como político.