El Gobierno busca reforzar su “blindaje” financiero para 2027 ante una eventual presión sobre el dólar
La preocupación quedó expuesta durante la reciente gira del ministro de Economía, Luis Caputo, por Nueva York. Antes del discurso de Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el funcionario mantuvo un encuentro con inversores en la sede de JP Morgan, donde transmitió confianza sobre las posibilidades electorales de La Libertad Avanza y defendió la evolución de la economía desde 2023.
El Gobierno comenzó a delinear una estrategia financiera más amplia para llegar a 2027 con mayor margen de maniobra frente a uno de los principales riesgos del escenario electoral: un aumento de la demanda de dólares por parte del sector privado. El programa financiero oficial contempla los vencimientos de deuda del próximo año, pero el desafío adicional pasa por contar con suficientes divisas para enfrentar una eventual dolarización de carteras sin generar una presión adicional sobre el mercado cambiario.
Sin embargo, detrás del mensaje de confianza aparece una cuestión más compleja: cómo garantizar la disponibilidad de dólares en un año en el que podrían aumentar simultáneamente las necesidades financieras del Estado y la demanda privada de moneda extranjera.
El programa financiero presentado por el Gobierno contempla para 2027 vencimientos por aproximadamente US$24.900 millones y prevé fuentes de financiamiento por un monto equivalente. El problema es que esa planificación está concentrada principalmente en las necesidades del sector público y no incorpora una eventual demanda extraordinaria de dólares por parte de empresas y particulares.
Algunas estimaciones privadas ubican esa demanda potencial entre US$30.000 millones y US$40.000 millones durante el próximo año. La magnitud de esas cifras explica por qué el Gobierno busca ampliar las fuentes de financiamiento y acumular un mayor margen de liquidez antes de ingresar en el período electoral.
El antecedente de 2025 también es seguido con atención. Durante ese año, las compras de dólares y las transferencias sin fines específicos alcanzaron, según los datos citados en el informe, unos US$32.000 millones, en un contexto marcado por el levantamiento del cepo cambiario.
A su vez, los datos del Banco Central muestran un incremento reciente de las compras de moneda extranjera por parte de personas humanas: pasaron de US$2.821 millones en junio a US$4.124 millones en julio, un salto mensual del 46,2%.
El escenario plantea una doble exigencia para el equipo económico. Por un lado, deberá garantizar los dólares necesarios para afrontar los compromisos de deuda. Por otro, el Banco Central necesita fortalecer sus reservas y conservar capacidad de intervención ante eventuales episodios de presión cambiaria.
En ese contexto, algunas estimaciones del mercado consideran que el nivel de respaldo líquido debería ser superior al actual. Un operador citado por el informe planteó como referencia unos US$20.000 millones líquidos para contar con mayor capacidad de respuesta ante una eventual demanda extraordinaria.
La discusión, por lo tanto, no se limita al volumen de reservas registrado por el Banco Central. El punto central es determinar cuánto de ese stock puede utilizarse efectivamente y qué herramientas adicionales tiene el Gobierno para responder ante una salida significativa hacia el dólar.
Ante este escenario, Economía trabaja en nuevas alternativas de financiamiento externo. A la asistencia de Estados Unidos se suman negociaciones con bancos internacionales para conseguir alrededor de US$1.000 millones en nuevos créditos respaldados por garantías de organismos multilaterales.
La Corporación Andina de Fomento (CAF) ya aprobó una garantía por US$250 millones, mientras que Fonplata también avanzó con un programa de garantías. Estos mecanismos permitirían respaldar préstamos por aproximadamente US$500 millones cada uno.
El Gobierno ya utilizó durante este año una estructura similar junto con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, mediante la cual consiguió unos US$3.200 millones respaldados por ambos organismos.
A este esquema se agregan las operaciones de REPO realizadas por el Banco Central con bancos internacionales. En enero, seis entidades participaron de una operación por US$3.000 millones, mientras que en julio se refinanciaron US$6.000 millones mediante acuerdos con diez bancos internacionales, con vencimientos extendidos hasta septiembre de 2028.
El objetivo: llegar a 2027 con margen financiero
La estrategia oficial apunta así a construir una red de respaldo que combine distintas fuentes: financiamiento para cubrir los vencimientos del Tesoro, líneas externas, operaciones con bancos internacionales y mecanismos destinados a fortalecer la liquidez del Banco Central.
El desafío será administrar simultáneamente esas necesidades en un año en el que el componente electoral puede modificar el comportamiento de empresas, inversores y ahorristas. Una mayor incertidumbre podría traducirse en una aceleración de la demanda de dólares y poner a prueba la capacidad del esquema financiero.
Caputo buscó transmitir tranquilidad respecto del respaldo que el Gobierno podría conseguir para 2027. Pero el punto de fondo será cuánto financiamiento adicional logre efectivamente reunir la Argentina y, sobre todo, si ese volumen resulta suficiente para enfrentar al mismo tiempo los vencimientos de deuda y una eventual mayor dolarización privada.
En ese sentido, el llamado “blindaje” no se reduce a conseguir nuevos créditos: implica construir un colchón financiero capaz de absorber una eventual presión cambiaria sin que el Gobierno pierda capacidad de sostener su programa económico durante un año particularmente sensible.
