Axel Kicillof: «Le advierto a Milei que YPF no se vende y mucho menos se regala»
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, salió al cruce del reciente fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, que ordenó la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del litigio promovido por el fondo Burford Capital. En una conferencia de prensa en La Plata, Kicillof fijó una posición tajante: “Le advierto a Milei que YPF no se vende, y mucho menos se entrega o se regala”.
El mandatario provincial cuestionó la postura del presidente Javier Milei respecto al conflicto judicial. Según Kicillof, la respuesta de Milei —quien confirmó que apelará la sentencia pero atribuye la responsabilidad a la gestión que impulsó la expropiación— “es contradictoria y peligrosa”, porque “le da la razón a los demandantes y contradice la defensa del interés nacional”.
En un discurso de alto voltaje político, el exministro de Economía responsabilizó al presidente de cualquier decisión que ponga en riesgo la soberanía energética. Para Kicillof, la resolución de Preska constituye un “disparate jurídico” que intenta privilegiar los intereses de un fondo buitre por encima de la Constitución argentina y del control estatal de los recursos estratégicos. “Una jueza de Nueva York no tiene derecho a decir que nuestra Constitución vale menos que un papelito votado en una asamblea de accionistas”, remarcó.
Kicillof trazó además un repaso histórico de la trayectoria de YPF durante la privatización bajo Repsol en los años noventa, resaltando la caída de la producción de hidrocarburos y el retroceso del autoabastecimiento energético. En su visión, la reestatización de 2012 fue clave para revertir el proceso de declive productivo: destacó que la producción de petróleo creció un 78% y la de gas un 18% desde la recuperación de la empresa, habilitando las posibilidades de desarrollo de Vaca Muerta.
Al enmarcar la decisión de la justicia estadounidense como una “agresión a la soberanía argentina”, Kicillof elevó el nivel de la discusión al advertir sobre sus implicancias internacionales. Planteó que aceptar la orden judicial foránea significaría resignar la potestad estatal sobre un recurso esencial, dejando la puerta abierta a nuevas demandas de fondos especulativos y debilitando la capacidad del país para definir su política energética.
Sus palabras refuerzan la lectura política de la disputa en torno a YPF: más que un mero juicio comercial, se trata —según Kicillof— de un capítulo que reaviva la tensión histórica entre el control nacional de los recursos estratégicos y la presión de intereses financieros globales. En ese marco, la referencia crítica al presidente Milei apunta a exponer un supuesto alineamiento del actual gobierno con posiciones que, a juicio del gobernador bonaerense, atentan contra la soberanía y el desarrollo del país.
