El alto costo de defender a la Argentina en el juicio por YPF: el abogado estrella que cobra USD 1.800 la hora
Mientras el gobierno argentino prepara la apelación al histórico fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska —que ordena transferir el 51% de las acciones de YPF a fondos buitre y condena al país a pagar más de USD 16.100 millones—, salieron a la luz detalles llamativos sobre la defensa legal del Estado.
Entre ellos, destaca el nombre de Robert Joseph Giuffra Jr., uno de los abogados más influyentes de Estados Unidos, quien lidera la estrategia argentina ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y cobra 1.800 dólares por hora de trabajo.
Giuffra Jr., socio del estudio Sullivan & Cromwell, goza de amplio prestigio y trayectoria en litigios internacionales de altísimo perfil. Su figura es conocida también por haber integrado la defensa del expresidente Donald Trump en la causa por el pago encubierto de USD 130.000 a la actriz porno Stormy Daniels. Ahora, su rol como jefe del equipo que representa a la Argentina en el caso YPF implica una facturación millonaria para el Tesoro argentino, en un expediente que no solo expone riesgos financieros monumentales sino también la tensión entre la soberanía jurídica argentina y el poder de los tribunales neoyorquinos.
Según trascendió, Giuffra mantiene vínculos de cercanía con la jueza Preska, quien heredó de Thomas Griesa la competencia de causas sensibles sobre deuda y expropiaciones argentinas, un fuero clave para la política económica nacional desde el default de 2001. Ese escenario vuelve aún más relevante el rol del abogado estadounidense, cuya estrategia y conexiones podrían incidir de manera decisiva en el futuro de los activos energéticos de la Argentina.
Además del monto base de USD 16.100 millones, el fallo impone intereses que rondan los 2,5 millones de dólares diarios, cifra que ya habría sumado más de 1.500 millones de dólares adicionales, profundizando la presión sobre las cuentas públicas. En este contexto, el pago de honorarios de tan alto nivel para la defensa —aunque justificados en la magnitud del juicio— también despierta cuestionamientos sobre la sustentabilidad de la estrategia legal, especialmente si se prolongan las apelaciones.
La revelación del altísimo valor hora de Giuffra aporta otra arista a un conflicto donde se entrecruzan la defensa de la soberanía energética, la posible pérdida del control estatal de YPF y la gravísima exposición financiera que arrastra el país desde hace más de una década. En el centro del escenario, queda planteado el interrogante sobre los costos —tanto económicos como institucionales— de depender de estudios jurídicos internacionales para proteger intereses estratégicos nacionales.
