Cuestionan una indemnización de casi $110 millones en el Enacom y su inmediata designación en el INTA

El Consejo Directivo del INTA analiza ahora, con intervención de sus áreas jurídicas, si corresponde revisar la aprobación de la designación. Mientras tanto, ATE insiste en que se determine quién impulsó la contratación, qué información conocían las autoridades al momento de aprobarla y si el procedimiento utilizado se ajustó a la normativa vigente.

La salida de Daniel Alfredo Neira del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y su posterior incorporación al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) generaron cuestionamientos dentro de la administración pública.

El exfuncionario recibió una liquidación neta de $109.781.999,73 al finalizar su vínculo con el Enacom el 31 de julio y, desde el 1° de agosto, comenzó a regir su designación transitoria en un cargo jerárquico del INTA.

La situación fue denunciada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que reclamó investigar cómo se produjo el pase de un organismo a otro y qué funcionarios intervinieron en el proceso. El gremio puso el foco especialmente en la proximidad entre ambas operaciones y en el pago de una indemnización millonaria antes de su reincorporación al Estado.

Según la documentación difundida, la desvinculación de Neira del Enacom tuvo efecto el 31 de julio de 2026 y se realizó bajo los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

La liquidación incluyó $73.067.618,10 en concepto de antigüedad, $9.742.349,08 por preaviso y $24.096.076,72 correspondientes a vacaciones no gozadas, hasta alcanzar el monto neto de $109.781.999,73.

Del Enacom al INTA en apenas un día

El punto que generó mayor controversia es la continuidad temporal del vínculo estatal. Mientras la salida del Enacom quedó establecida al 31 de julio, la designación en el INTA tuvo efectos desde el 1° de agosto.

El Consejo Directivo del INTA formalizó posteriormente el nombramiento mediante la Resolución 296/2026, fechada el 3 de septiembre. La norma estableció la designación transitoria de Neira como gerente tipo A de la Gerencia de Contabilidad, Gestión Administrativa y Patrimonio, dependiente de la Dirección General de Administración.

El cargo corresponde al nivel 11 y fue establecido inicialmente por 180 días, con posibilidad de prórroga si durante ese período no se concreta el procedimiento de selección correspondiente. La propia resolución dejó asentado que Neira había dejado el Enacom el 31 de julio y estableció su incorporación al INTA desde el día siguiente.

Otro de los elementos que despertó interrogantes es que, según la reconstrucción periodística, el proceso para incorporarlo al INTA habría comenzado antes de que se hiciera efectiva su desvinculación del Enacom. De acuerdo con fuentes citadas por LA NACION, el currículum de Neira llegó al Consejo Directivo a pedido de la Dirección General de Administración.

ATE reclama investigar el procedimiento

Desde ATE, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, cuestionó que se haya abonado una indemnización de casi $110 millones y que, inmediatamente después, Neira pasara a ocupar un puesto jerárquico en otro organismo estatal.

El sindicato calificó el episodio como un presunto “fraude” y reclamó determinar quién impulsó la incorporación y qué información estaba disponible al momento de aprobarla. ATE también planteó dudas sobre el procedimiento utilizado para concretar el nombramiento y pidió que se revise la decisión.

La situación generó además un análisis dentro del propio INTA. Integrantes de su Consejo Directivo señalaron, según la reconstrucción publicada por LA NACION, que conocían los antecedentes laborales de Neira en el Enacom, pero que no habrían sido informados sobre las condiciones de su desvinculación ni sobre la indemnización que había recibido. Ante la aparición de esos datos, el órgano comenzó a consultar al área jurídica sobre los pasos que correspondía seguir.

La polémica se desarrolla mientras el INTA atraviesa un proceso de reestructuración y reducción de su planta, contexto en el que también se impulsaron mecanismos de retiro voluntario.

Según ATE, la remuneración correspondiente al cargo ocupado por Neira supera ampliamente los ingresos netos promedio de buena parte de los trabajadores del organismo. El sindicato utilizó esa diferencia para cuestionar la designación y reclamar explicaciones sobre los criterios utilizados para cubrir el puesto.

Por el momento, la controversia no se limita al monto de la indemnización, sino que también se concentra en la secuencia administrativa que permitió que Neira dejara un organismo estatal con una liquidación millonaria y comenzara a desempeñarse inmediatamente en otro.