Lula denuncia que sanciones de EE. UU. contra jueces brasileños son una ofensa a la soberanía nacional
El enfrentamiento entre Brasil y Estados Unidos se intensificó este sábado, tras las recientes sanciones del gobierno estadounidense hacia magistrados del Supremo brasileño, en medio de tensiones políticas y judiciales en el país sudamericano.
Además, el expresidente Jair Bolsonaro, actualmente bajo medidas cautelares por su papel en supuestos actos golpistas, continúa recluido en su domicilio bajo supervisión judicial.
El líder de la ultraderecha, procesado por la Corte Suprema por su participación en acciones golpistas y considerado una figura central en la crisis política, cumple desde el sábado con restricciones impuestas por la justicia, incluyendo el uso de una pulsera electrónica, confinamiento nocturno y prohibiciones en redes sociales, en respuesta a su presunto intento de presionar a los jueces que llevan su caso, en complicidad con su hijo y diputado, Eduardo Bolsonaro.
Por su parte, las sanciones contra los jueces brasileños se oficializaron la noche del viernes, cuando el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, anunció la revocación de los visados del juez Alexandre de Moraes, quien lidera las investigaciones sobre el golpe. Rubio calificó la medida como una respuesta a lo que llamó una «persecución política» del magistrado, señalando que el proceso contra Bolsonaro y otros magistrados viola derechos fundamentales y, además, afecta a intereses estadounidenses.
El funcionario estadounidense afirmó: «Hemos ordenado la revocación de los visados de Moraes y sus asociados en el tribunal, así como de sus familiares cercanos, con efecto inmediato». Esta acción se sumó a la amenaza de Trump de imponer aranceles del 50% a Brasil si no se detiene el proceso penal contra Bolsonaro, lo cual ha generado una fuerte reacción en Brasil.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó enérgicamente estas medidas, calificándolas como una interferencia arbitraria y una ofensa a la soberanía nacional. En una declaración oficial, Lula afirmó que ninguna amenaza externa comprometerá la defensa del Estado de Derecho en Brasil y subrayó que la interferencia de otro país en el sistema judicial brasileño viola principios básicos de respeto mutuo entre naciones.
Asimismo, la ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, expresó que la decisión estadounidense es un acto de ofensa a la justicia brasileña y a la soberanía del país. En sus redes sociales, Hoffmann afirmó que la sanción contra siete magistrados del Supremo, incluyendo al presidente del tribunal Luís Roberto Barroso, refleja la actitud hostil y conspiradora de Bolsonaro y Estados Unidos contra la justicia brasileña.
Las tensiones diplomáticas y judiciales entre Brasil y EE. UU. continúan en un escenario marcado por acusaciones de injerencia y defensa del Estado de Derecho, en medio de un contexto político cada vez más polarizado.
