Las universidades interpretan el fallo de la Corte como un revés para el Gobierno: «Esto se ganó en las calles»

Docentes, rectores y estudiantes coincidieron en que la resolución judicial fortalece el reclamo por mayores recursos para las universidades públicas y sostuvieron que el pronunciamiento es consecuencia de meses de movilización social frente al ajuste impulsado por la administración de Javier Milei.

El fallo de la Corte Suprema que ordenó al Gobierno aplicar aspectos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario fue recibido por la comunidad académica como una victoria institucional, pero también política.

La decisión del máximo tribunal, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratifica la vigencia de los artículos que disponen la actualización salarial de docentes y no docentes, además de la recomposición de programas destinados a estudiantes.

Si bien la Corte evitó pronunciarse sobre el fondo de la controversia al considerar que aún no existe una sentencia definitiva, dejó firme la aplicación de esos puntos de la ley aprobada por el Congreso tras el veto presidencial.

En términos prácticos, el fallo no modifica el escenario fiscal del Ejecutivo, ya que el Gobierno y las universidades habían alcanzado semanas atrás un acuerdo para incrementar las partidas presupuestarias y mejorar los salarios del sector. Sin embargo, el impacto político de la resolución es significativo: representa un respaldo judicial a una norma cuya legitimidad fue cuestionada por la Casa Rosada desde su sanción.

Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), la secretaria general Clara Chevalier sostuvo que el pronunciamiento responde a una demanda largamente esperada por la comunidad educativa y acusó al Gobierno de haber instalado una confrontación permanente con las universidades públicas. Según explicó, la Ley de Financiamiento Universitario fue el resultado de un amplio consenso construido entre docentes, estudiantes, autoridades y legisladores para garantizar recursos frente al ajuste presupuestario.

Chevalier también recordó que la medida cautelar impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional busca restablecer el esquema de financiamiento vigente hasta noviembre de 2023 y advirtió que ahora será el Poder Ejecutivo quien deberá definir cómo instrumenta el cumplimiento de la resolución judicial.

En la misma línea, el rector de la Universidad Nacional de La Matanza, Daniel Martínez, remarcó que el fallo de la Corte representa la máxima instancia judicial del país y consideró que al Gobierno solo le resta acatar la decisión. A su entender, la resolución constituye «un acto de justicia» para docentes, trabajadores no docentes y estudiantes, además de abrir una etapa que debería estar marcada por la cooperación institucional y no por el enfrentamiento político.

El componente político del fallo también fue resaltado por las organizaciones estudiantiles. Gonzalo Suárez, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda, afirmó que el pronunciamiento judicial es inseparable de la masiva movilización universitaria que se sostuvo durante los últimos meses. «Esto se ganó en las calles», sintetizó al atribuir el resultado a la presión ejercida por la comunidad educativa y los distintos sectores sociales que acompañaron las marchas federales en defensa de la universidad pública.

Por su parte, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, calificó la decisión como un paso importante en la defensa del sistema universitario, aunque advirtió que el conflicto está lejos de concluir. Agradeció el respaldo de la sociedad y convocó a mantener la unidad para consolidar un modelo de universidad pública con financiamiento garantizado.

Más allá de sus efectos económicos inmediatos, el fallo adquiere un fuerte valor simbólico en la disputa entre el Gobierno y las universidades. Mientras la administración de Milei insiste en revisar el gasto público bajo criterios de ajuste fiscal, el sistema universitario interpreta la decisión de la Corte como una ratificación de que el financiamiento de la educación superior constituye una obligación del Estado y no una variable sujeta exclusivamente a las prioridades presupuestarias del Poder Ejecutivo.