La Patagonia bajo fuego: 220 mil hectáreas arrasadas y un Estado que vuelve a reaccionar tarde
Más allá de las condiciones climáticas extremas, la magnitud del daño expone una vez más las falencias estructurales en prevención, planificación y respuesta frente al fuego. Ante este escenario, los gobernadores de la región reclamaron al Congreso la declaración de la Emergencia Ígnea.
Los incendios forestales que azotan al sur argentino ya consumieron más de 220 mil hectáreas en distintas provincias patagónicas, configurando uno de los desastres ambientales más graves de los últimos años.
La Patagonia atraviesa una temporada crítica marcada por sequías prolongadas, temperaturas inusualmente altas y vientos persistentes. Sin embargo, estos factores naturales no alcanzan por sí solos para explicar el alcance del desastre.
Según datos oficiales provinciales, más de 220 mil hectáreas ya fueron destruidas en distintos puntos del sur del país, una cifra que evidencia la fragilidad de los sistemas de control y prevención.
La Pampa concentra el mayor impacto, con alrededor de 168 mil hectáreas afectadas. En Chubut, las llamas avanzaron sobre más de 45 mil hectáreas, especialmente en zonas cordilleranas de alto valor ambiental. Río Negro registra unas 10 mil hectáreas quemadas, Neuquén cerca de 6 mil y Santa Cruz alrededor de 700. En total, la superficie devastada equivale a unas veinte veces la extensión de la Ciudad de Buenos Aires.
Las consecuencias trascienden lo ambiental: se pierden ecosistemas irrecuperables, se afecta la producción regional y se pone en riesgo a comunidades enteras. Aun así, la respuesta estatal vuelve a concentrarse en la emergencia, sin que se traduzca en políticas sostenidas de prevención y ordenamiento territorial.
Frente a la gravedad de la situación, los gobernadores patagónicos mantuvieron un encuentro virtual y reclamaron al Congreso Nacional la declaración de la Emergencia Ígnea. El objetivo es agilizar la asignación de recursos y reducir trabas administrativas que, en contextos críticos, ralentizan la respuesta.
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, subrayó que el fuego “no reconoce límites provinciales ni jurisdicciones” y detalló que en el combate participan brigadistas de casi todas las provincias, junto a recursos de la Ciudad de Buenos Aires, la Agencia Federal de Emergencias e incluso equipos provenientes de Chile. La coordinación interjurisdiccional resulta clave, aunque llega una vez que el daño ya es masivo.
El costo económico del operativo también revela la falta de planificación preventiva: solo en Chubut y Río Negro, el despliegue de medios aéreos y combustible supera los 7 mil millones de pesos, afrontados mayormente con fondos provinciales. Aun así, los recursos siguen siendo insuficientes frente a incendios de esta escala.
Desde las provincias se insiste en la necesidad de herramientas legales excepcionales, no solo para actuar con mayor rapidez en la emergencia, sino también para fortalecer la prevención y endurecer sanciones contra conductas humanas —intencionales o negligentes— que agravan el riesgo de incendios. Mientras tanto, la Patagonia vuelve a arder, y el debate de fondo sobre políticas ambientales integrales sigue postergado.
