La Justicia volvió a exigir al Gobierno que cumpla con el financiamiento de las universidades públicas
El nuevo plazo de cinco días coloca nuevamente al Ejecutivo ante la necesidad de demostrar con documentación concreta que está cumpliendo con lo dispuesto por la Justicia. En paralelo, el conflicto vuelve a poner en primer plano la tensión entre las restricciones presupuestarias que sostiene el Gobierno y las obligaciones establecidas por una ley cuyo cumplimiento ya generó una disputa judicial.
La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo en los tribunales. La Justicia volvió a intimar al Estado a cumplir con la medida cautelar que le ordena aplicar disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario, particularmente en materia de salarios docentes y no docentes y actualización de las becas estudiantiles.
La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien otorgó al Gobierno un plazo de cinco días para acreditar el cumplimiento de la resolución. En caso contrario, advirtió que podrían aplicarse astreintes, es decir, sanciones económicas por cada incumplimiento de la orden judicial.
La nueva intimación se produjo luego de que el Gobierno presentara un pedido de revocatoria contra una resolución anterior. Sin embargo, tras analizar los argumentos oficiales, el magistrado amplió los fundamentos de su decisión y ratificó que la medida cautelar continúa vigente y debe ser cumplida.
Uno de los principales puntos analizados por el juez fue el artículo 5° de la Ley 27.795, referido a la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas.
La Justicia reconoció que el Estado pudo demostrar determinados avances, entre ellos la convocatoria a negociaciones paritarias y la ejecución de algunas órdenes de pago. No obstante, consideró que esos elementos no resultan suficientes para acreditar que los aumentos salariales hayan sido calculados de acuerdo con los parámetros establecidos por la legislación.
El dato que adquiere especial relevancia en la resolución es la inflación acumulada utilizada como referencia para determinar el grado de cumplimiento de la medida. Según el cálculo realizado sobre la base del IPC del INDEC, la inflación entre diciembre de 2023 y junio de 2026 alcanzó el 312,19%.
A partir de ese indicador, el magistrado sostuvo que la documentación presentada por el Gobierno no permite concluir que los salarios universitarios hayan alcanzado una actualización equivalente al incremento de precios tomado como parámetro judicial.
El planteo oficial de que la cautelar ya había sido cumplida tampoco fue aceptado. El juez recordó que esa cuestión ya había sido analizada anteriormente y que el 1° de septiembre el juzgado había rechazado el pedido del Estado para levantar la medida cautelar, resolución que quedó firme.
De esta manera, la Justicia volvió a marcar un límite frente a la estrategia del Gobierno de considerar agotadas sus obligaciones respecto de la normativa universitaria. Para el magistrado, el cumplimiento parcial de algunas medidas administrativas y salariales no alcanza para dar por satisfecha una orden judicial que continúa vigente.
