La Justicia ratificó que el gobierno debe cumplir la ley de Financiamiento Universitario
El juez Martín Cormick rechazó el planteo del Poder Ejecutivo para dejar sin efecto una medida cautelar vinculada al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo en los tribunales.
El juez de primera instancia Martín Cormick rechazó el pedido del Poder Ejecutivo para levantar la medida cautelar que obliga al Estado a cumplir determinados aspectos de la Ley de Financiamiento Universitario, en el marco de la causa colectiva impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional.
La decisión judicial adquiere especial relevancia porque se produce en la antesala de una nueva reunión paritaria entre el Gobierno y los gremios universitarios.
El fallo deja abierta una discusión que el Poder Ejecutivo había intentado dar por encaminada luego del último acuerdo salarial: si los entendimientos alcanzados son suficientes para considerar cumplidas las obligaciones establecidas por la normativa y para revertir el deterioro de los ingresos del sector.
Desde FEDUBA interpretaron la resolución como un revés para la estrategia oficial. El gremio sostuvo que el Gobierno no logró demostrar ante la Justicia que los acuerdos alcanzados hayan compensado el deterioro salarial ni reparado la pérdida de poder adquisitivo de docentes y trabajadores universitarios.
El secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi, cuestionó la interpretación según la cual el último acuerdo habría cerrado el conflicto.
Para el dirigente, la resolución judicial confirma que la medida cautelar continúa vigente y que no existen elementos suficientes para afirmar que la Ley de Financiamiento Universitario haya sido efectivamente cumplida.
Más allá de la disputa discursiva entre el Gobierno y los sindicatos, el punto central de la resolución radica en que la Justicia no consideró acreditado que los acuerdos salariales hayan eliminado las consecuencias que motivaron la intervención judicial.
De esta manera, el Ejecutivo deberá continuar enfrentando el reclamo en dos frentes: la negociación con los gremios y el cumplimiento de las obligaciones que surgen del proceso judicial.
El fallo también limita la posibilidad de presentar un acuerdo paritario como una solución definitiva al conflicto universitario. Para los gremios, mientras persista la pérdida del poder adquisitivo, no puede considerarse cerrado el reclamo ni cumplida la medida cautelar.
La cuestión salarial vuelve así a ocupar un lugar central en una disputa más amplia por el financiamiento de las universidades públicas.
El conflicto no se reduce a una discusión sobre porcentajes de aumento: involucra la capacidad del Estado para sostener los ingresos del personal universitario frente a la inflación acumulada y, al mismo tiempo, la interpretación sobre el alcance efectivo de la Ley de Financiamiento.
La próxima reunión paritaria tendrá, por lo tanto, una importancia que excede la negociación salarial habitual. Con la cautelar todavía vigente, cualquier acuerdo deberá ser evaluado no solo en términos políticos o gremiales, sino también frente a las obligaciones que la Justicia considera pendientes.
