Salta: crece el conflicto laboral en Black, denuncias de despidos, salarios adeudados y renuncias forzadas
Exempleados de la cadena de artículos importados se movilizaron frente al local de Florida 437 y denunciaron incumplimientos laborales, pagos pendientes y desvinculaciones bajo presión.
El sindicato pidió la conciliación obligatoria mientras busca determinar el alcance del conflicto y abrir una instancia formal de negociación.
El conflicto laboral en la cadena comercial Black sumó este lunes un nuevo capítulo con una manifestación de exempleados frente al local de Florida 437, en pleno centro de Salta.
Las denuncias apuntan a despidos, salarios adeudados, falta de pago de indemnizaciones y supuestas presiones para que los trabajadores presentaran su renuncia, en un escenario que, de confirmarse, excedería un conflicto puntual y podría revelar una problemática laboral sostenida en el tiempo.
La protesta se desarrolló bajo presencia policial, mientras el Sindicato de Empleados de Comercio solicitó ante la Subsecretaría de Trabajo una audiencia de conciliación obligatoria.
El objetivo es llevar el reclamo a una instancia institucional y establecer cuáles son las obligaciones pendientes de la empresa frente a los trabajadores desvinculados.
El subsecretario gremial José Gómez cuestionó duramente la conducta que atribuyó a la firma y calificó de «cobarde» la manera en que, según el sindicato, se habría actuado con algunos empleados.
Desde la organización gremial advierten que existen «varios trabajadores a la deriva» y que el problema no se limita únicamente a las desvinculaciones recientes.
Uno de los casos que adquirió mayor repercusión es el de Uriel Orellana, quien aseguró haber sido despedido el 8 de agosto después de recibir una sanción disciplinaria vinculada a una acusación de bullying que, según su versión, no habría sido respaldada por pruebas.
El trabajador sostuvo además que no se revisaron las cámaras de seguridad antes de adoptar la medida.
Orellana afirmó que la empresa le habría ofrecido $1.800.000 y dos cuotas de $600.000 a cambio de que desistiera de continuar con su reclamo. También denunció que comenzó a trabajar en enero y fue registrado formalmente recién en febrero, por lo que reclama el reconocimiento de ese período como trabajo no registrado.
A partir de la difusión de su caso, el trabajador aseguró haber recibido testimonios de personas de distintas provincias que relataron experiencias similares.
Según sostuvo, se conformó un grupo de alrededor de 500 personas que afirman haber atravesado situaciones semejantes durante los últimos diez años. Se trata, por ahora, de una denuncia colectiva que deberá ser contrastada y eventualmente respaldada por documentación y actuaciones administrativas o judiciales para determinar su verdadero alcance.
Desde el sindicato, el secretario gremial Ángel Ortiz confirmó que la empresa tomó contacto con la organización y que se solicitó una audiencia ante la Secretaría de Trabajo.
El gremio estima que alrededor de 20 trabajadores habrían sido despedidos recientemente, aunque sostiene que la dimensión del conflicto podría ser considerablemente mayor si se incorporan los casos denunciados de años anteriores.
Las acusaciones también incluyen jornadas extensas, presunto incumplimiento en el pago de horas extras y períodos de trabajo no registrado. El trasfondo de estas denuncias coloca en discusión no solamente las condiciones de las desvinculaciones, sino también el modo en que la empresa habría administrado sus relaciones laborales durante los últimos años.
El impacto económico de los despidos agrega otra dimensión al conflicto. Orellana, padre de dos hijos pequeños, relató que debió recurrir a préstamos para afrontar sus gastos cotidianos luego de quedarse sin ingresos.
Su situación refleja una de las consecuencias más inmediatas de una disputa laboral: mientras empresa y sindicato discuten cifras, responsabilidades y procedimientos, los trabajadores enfrentan una pérdida de ingresos que puede comprometer rápidamente su economía familiar.
La empresa, por su parte, difundió un video titulado «Ahora es nuestro momento», en el que aparecen trabajadores que expresan su respaldo a la firma y aseguran haber cobrado sus salarios «en tiempo y forma».
Esta respuesta introduce una disputa de versiones que deberá ser esclarecida mediante la documentación laboral, los registros de pago y las actuaciones correspondientes.
