Musimundo baja las persianas en el NEA y deja a decenas de trabajadores por ahora sin indemnizaciones
La empresa comunicó que las indemnizaciones serán abonadas según su disponibilidad financiera, mientras los trabajadores denuncian falta de información y el gremio exige garantías concretas.
El cierre de sucursales de Musimundo en Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa derivó en despidos y abrió un nuevo frente laboral para Carsa S.A., licenciataria de la marca.
El cierre de varias sucursales de Musimundo en el Nordeste Argentino (NEA) expuso nuevamente las dificultades financieras que atraviesa Carsa S.A., la empresa chaqueña que opera la marca en la región.
El proceso, que tomó por sorpresa a los empleados, derivó en despidos y en una creciente incertidumbre respecto de cuándo y cómo serán abonadas las indemnizaciones correspondientes.
Las notificaciones comenzaron a llegar este lunes a trabajadores de distintas sucursales. En las cartas documento, fechadas el 28 de agosto,
Carsa comunicó que había decidido prescindir de los servicios de los empleados a partir del 31 de agosto. Sin embargo, el aspecto que generó mayor preocupación fue la referencia al pago de las indemnizaciones.
La compañía informó que las liquidaciones finales y las indemnizaciones se encontraban «en proceso de liquidación» y que serían acreditadas «en la medida en que la disponibilidad de flujos y la capacidad financiera de la empresa lo vayan permitiendo».
Para los trabajadores y el gremio, la formulación deja una pregunta fundamental sin respuesta: cuándo cobrarán efectivamente las sumas que legalmente les corresponden.
La posibilidad de que los pagos sean realizados en cuotas comenzó a circular entre los empleados, aunque hasta el momento no existe una definición concreta que permita establecer un cronograma.
La incertidumbre adquiere particular gravedad en los casos de trabajadores con muchos años de antigüedad, para quienes la indemnización representa una parte fundamental de los recursos necesarios para afrontar la pérdida del empleo.
En Posadas, además, el procedimiento de cierre generó cuestionamientos por la forma en que los trabajadores fueron informados. Empleados de la sucursal ubicada sobre calle Bolívar se presentaron el lunes por la mañana para comenzar su jornada y encontraron el establecimiento cerrado, sin directivos ni responsables de la empresa.
Dos de ellos, con 18 y 21 años de antigüedad respectivamente, dejaron constancia policial de que no habían recibido una comunicación formal previa sobre el cierre. Según su exposición, tomaron conocimiento de la situación a través de las redes sociales.
El episodio constituye uno de los aspectos más controvertidos del proceso, porque pone en discusión no solamente la decisión empresarial sino también la forma en que se comunicó una medida que afecta directamente la continuidad laboral de decenas de personas.
El Centro de Empleados de Comercio de Posadas cuestionó el procedimiento y reclamó la intervención de las autoridades laborales.
El Ministerio de Trabajo y Empleo de Misiones respondió fijando una audiencia de comparecencia obligatoria para el 3 de septiembre, a las 11, con la participación del gremio y la empresa.
La instancia administrativa buscará determinar las condiciones en las que se produjeron los despidos y, principalmente, obtener precisiones sobre el pago de salarios, liquidaciones finales e indemnizaciones.
El sindicato anticipó que concurrirán trabajadores desvinculados de las distintas sucursales y expresó dudas acerca de si la empresa finalmente se presentará.
En Misiones, el cierre alcanza a 53 trabajadores distribuidos en cinco locales: 13 empleados de la sucursal de Bolívar, 10 de avenida Uruguay, 8 de Leandro N. Alem, 6 de Apóstoles y 6 de Jardín América, según los datos difundidos por el gremio.
El escenario regional es todavía más amplio. El cierre de establecimientos se replicó durante el mismo fin de semana en Corrientes, Chaco y Formosa, convirtiendo una serie de despidos locales en un proceso de reestructuración que afecta a trabajadores de buena parte del NEA.
El trasfondo financiero resulta determinante. Carsa inició en julio un concurso preventivo de acreedores, una situación que ayuda a explicar las dificultades de liquidez que la propia compañía invoca al referirse al pago de las indemnizaciones.
Sin embargo, desde la perspectiva de los trabajadores, los problemas financieros de la empresa no deberían traducirse automáticamente en una indefinición sobre derechos laborales ya generados.
El conflicto pone así en tensión dos realidades: por un lado, una empresa que enfrenta un proceso financiero complejo y busca reducir su estructura; por otro, trabajadores que pierden sus empleos y necesitan certezas sobre el dinero que les corresponde para afrontar la nueva situación.
La audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo será, por lo tanto, un punto clave. Más que una instancia protocolar, los empleados esperan que sirva para transformar las declaraciones generales sobre «capacidad financiera» en compromisos verificables, con plazos y condiciones concretas.
