La Justicia confirmó la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner en medio de una pulseada política y judicial
En un clima de alta tensión institucional y movilización popular, el juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal N.º 2, confirmó este martes el otorgamiento de la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Según trascendió, la notificación se realizaría de manera virtual en las próximas horas, con el objetivo de evitar su comparecencia presencial este miércoles en los tribunales de Comodoro Py, donde se espera una multitudinaria movilización en su apoyo.
La decisión se produce en un contexto marcado por una fuerte presión política y social. La convocatoria nacional bajo el lema “Argentina con Cristina”, organizada por el Partido Justicialista (PJ) y sectores afines, prevé una concentración masiva este miércoles desde las 10 en el barrio porteño de Constitución, donde la exmandataria tiene fijado su domicilio.
Desde allí, la militancia tenía previsto acompañarla en caravana hasta los tribunales, en un gesto que excede lo judicial y adquiere un tono marcadamente simbólico y confrontativo.
Una decisión judicial con impacto político
La resolución del juez Gorini, que se da pese al dictamen negativo de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, refleja no solo una interpretación jurídica del caso, sino también una estrategia para contener la escalada del conflicto institucional y evitar un escenario de tensión en las calles. La notificación virtual, en ese sentido, busca neutralizar el efecto político de una Cristina Kirchner reapareciendo públicamente entre miles de militantes movilizados.
No obstante, el PJ ratificó que la convocatoria sigue en pie, incluso si la notificación se concreta este mismo martes. La militancia, que permanece desde hace días en las inmediaciones de San José y Humberto Primo, promete sostener la presión en la calle como forma de respaldo ante lo que consideran una persecución política.
A la par, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, bajo órdenes del jefe de Gobierno Jorge Macri, solicitó al TOF 2 que la prisión domiciliaria no se cumpla en el departamento de la exmandataria en Constitución. Argumenta que su presencia allí afectaría de forma “grave” la seguridad, el tránsito y los servicios esenciales en una zona de alta densidad poblacional y estratégica para el funcionamiento urbano.
Desde la sede de gobierno en Uspallata, se advierte que las concentraciones, cortes de calles y despliegues de seguridad ya están alterando el orden público desde que se conoció la sentencia contra la ex presidenta, y que una custodia permanente en el lugar agravaría la situación.
La pulseada institucional
En paralelo, el PJ se prepara para una jornada de definiciones políticas: este martes, la CGT se reúne a las 15, los gobernadores del espacio lo harán a las 18 y, por la noche, a las 19:30, será el turno de senadores y diputados. Todos estos encuentros girarán en torno a la situación judicial de Cristina y a la estrategia del peronismo para lo que consideran una ofensiva contra su liderazgo.
La prisión domiciliaria, que los fiscales cuestionan como un “beneficio excepcional que no debe concederse automáticamente”, fue confirmada en medio de este clima de creciente polarización. Si bien la colocación de una tobillera electrónica sigue en evaluación, la decisión judicial representa una concesión parcial al reclamo de los defensores de la expresidenta, quienes sostienen que la sentencia es nula y parte de una matriz de lawfare impulsada por sectores del poder judicial y político opositor.
En definitiva, la confirmación de la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner no cierra el conflicto, sino que lo traslada a otro plano: el de la disputa por la legitimidad. Lo que se jugará en las calles este miércoles no será solo el destino procesal de una exmandataria, sino el pulso de una Argentina partida entre quienes la defienden como víctima de una persecución y quienes la ven como símbolo de la impunidad.
