El Gobierno lanza el «FBI argentino»: el Departamento Federal de Investigaciones para delitos complejos

En el marco de una profunda reforma institucional, el Gobierno nacional anunció este martes la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), un nuevo organismo dentro de la Policía Federal Argentina (PFA) que se propone ser el eje central en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y otros delitos federales de alta complejidad. La medida fue oficializada a través del Decreto 383/2025, publicado en el Boletín Oficial.

El DFI forma parte de una reestructuración más amplia que divide a la Policía Federal en dos grandes bloques: el Departamento Federal de Investigaciones y el Departamento Federal de Coordinación, los cuales contarán con direcciones especializadas en áreas clave como inteligencia criminal, análisis forense, cooperación internacional, asuntos internos y bienestar del personal.

Según fuentes del Ministerio de Seguridad, el nuevo departamento fue concebido siguiendo los estándares del FBI de Estados Unidos y de las principales agencias internacionales dedicadas a la investigación criminal. Su objetivo será posicionar a la PFA como una fuerza de elite en la persecución penal de redes delictivas complejas, con despliegue federal, descentralizado y tecnológico.

“La Policía Federal se convertirá en una fuerza líder en investigaciones complejas, dejando atrás su rol tradicional de patrullaje urbano”, explicaron desde la cartera que encabeza la ministra Patricia Bullrich, impulsora del proyecto.

Profesionalización y tecnología para combatir el crimen organizado

Una de las claves del DFI será la profesionalización del personal, que recibirá formación especializada en investigación criminal, técnicas forenses, manejo de bases de datos, análisis criminal y herramientas de inteligencia artificial. El plan prevé una fuerte inversión en tecnología, con equipamiento de última generación para pericias, laboratorios, redes de información y plataformas de inteligencia aplicadas a casos de alto impacto.

“El combate al crimen organizado exige una fuerza preparada, con respuesta rápida, coordinación con el sistema judicial y capacidad técnica para desbaratar estructuras complejas”, señalaron funcionarios del área.

El nuevo diseño también contempla la creación de agencias regionales, con autonomía operativa y capacidad de desplegarse en todo el territorio nacional para asistir a los juzgados federales. Esto implica una descentralización de las investigaciones y un enfoque más dinámico para enfrentar delitos que superan las fronteras provinciales.

Fin de las funciones urbanas en la Ciudad de Buenos Aires

Otro aspecto destacado de la reforma es el retiro progresivo de la Policía Federal de tareas preventivas en la Ciudad de Buenos Aires, función que quedará exclusivamente a cargo de la Policía de la Ciudad. «La Constitución de 1994 y la creación de las fuerzas locales establecieron un nuevo orden. La PFA ya no tiene razón de ejercer tareas que hoy son responsabilidad de las policías locales», detallaron desde el Gobierno.

La decisión apunta a eliminar superposiciones y liberar recursos de la fuerza federal para concentrarlos en su nueva misión investigativa, de acuerdo con la división de competencias planteada en la ley de Seguridad Interior.

Un cambio de paradigma

La creación del DFI no es solo un cambio estructural, sino un giro de paradigma en materia de seguridad federal. Con esta medida, el Ejecutivo apuesta a saldar una deuda de larga data: dotar al país de una fuerza de investigación criminal moderna, especializada y autónoma, capaz de enfrentar desafíos delictivos cada vez más sofisticados.

Aunque el anuncio fue recibido con respaldo en sectores judiciales y del sistema de seguridad, algunos analistas advierten que su éxito dependerá de la implementación efectiva, el financiamiento sostenido y la capacidad de articular con el resto del aparato estatal, evitando conflictos de competencia con otras fuerzas y organismos.

Con este movimiento, el Gobierno busca enviar una señal clara: el crimen organizado ya no encontrará zonas grises ni estructuras obsoletas que lo amparen. Ahora, el Estado argentino pretende tener su propio «FBI». El desafío será que funcione.