El Gobierno evalúa profundizar el ajuste en el Estado con una nueva etapa de reducción de personal

La discusión vuelve a poner en evidencia uno de los principales ejes de conflicto entre el Gobierno y los sindicatos estatales. Mientras la gestión libertaria considera que la reducción de estructuras y personal es indispensable para equilibrar las cuentas públicas, las organizaciones gremiales alertan sobre el impacto social y administrativo que podría derivarse de una profundización del ajuste.

La administración de Javier Milei analiza avanzar con una nueva ronda de recortes en la estructura estatal durante la segunda mitad del año, en línea con la estrategia de reducción del gasto público que impulsa desde el inicio de su gestión.

El proceso, coordinado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, apunta a revisar la dotación de personal en cada organismo nacional y determinar posibles reducciones.

Según trascendió de fuentes oficiales, equipos vinculados al área que conduce Federico Sturzenegger vienen recorriendo distintos ministerios para relevar la cantidad de empleados, las funciones que desempeñan y el nivel de necesidad operativa de cada dependencia. El objetivo es identificar áreas donde las tareas puedan mantenerse con una menor cantidad de trabajadores, profundizando así la política de ajuste que el Gobierno considera central para alcanzar sus metas fiscales.

La iniciativa forma parte de la denominada «reorganización del Estado» promovida por la Casa Rosada, que desde diciembre pasado avanzó con despidos, eliminación de organismos y revisión de estructuras administrativas. Dentro del oficialismo existe consenso respecto de continuar con ese proceso, aunque algunos sectores de la propia administración reconocen que una reducción adicional de personal podría generar dificultades en el funcionamiento de determinados organismos.

Mientras el Gobierno sostiene que la disminución de la planta estatal es necesaria para mejorar la eficiencia y reducir costos, los gremios advierten sobre las consecuencias laborales y operativas de la medida. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anticiparon una escalada de las acciones sindicales si continúan los despidos y reclamaron la reapertura inmediata de las negociaciones salariales.

El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, aseguró que el gremio mantendrá una postura de confrontación frente a nuevas cesantías y cuestionó la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores públicos en un contexto de ajuste presupuestario.

En la misma línea, desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) manifestaron preocupación por el rumbo de la política estatal. Aunque evitaron adelantar eventuales medidas de fuerza, señalaron que miles de empleados con años de experiencia fueron desvinculados durante el último año, pese a haber acreditado su idoneidad en los procesos de evaluación impulsados por el propio Gobierno.

Las críticas sindicales también apuntan al deterioro salarial y a lo que consideran una reducción progresiva de la capacidad del Estado para brindar servicios y asistencia a la población. Desde ese sector sostienen que cualquier proceso de modernización debe apuntar a mejorar la eficiencia administrativa, pero sin afectar funciones esenciales ni debilitar el rol del Estado en áreas sensibles.