La Justicia confirma que Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular
La Audiencia Provincial de Madrid ratificó que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afrontará un juicio ante un Tribunal del Jurado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, al confirmar la decisión adoptada por el juez instructor Juan Carlos Peinado.
La resolución, adoptada por el pleno de la Sección 23 de la Audiencia, mantiene el núcleo de la investigación y determina que el caso será resuelto por un jurado compuesto por nueve ciudadanos de la Comunidad de Madrid, en lugar de un tribunal integrado exclusivamente por jueces profesionales.
Esta decisión responde a que ambos delitos están contemplados dentro de las competencias de la Ley del Tribunal del Jurado.
No obstante, el tribunal descartó que Gómez sea juzgada por los presuntos delitos de apropiación indebida y corrupción en los negocios, reduciendo así el alcance inicial del auto de apertura de juicio oral dictado por el magistrado Peinado. Pese a ello, la eliminación de estos cargos no modifica el procedimiento, ya que las acusaciones que permanecen son suficientes para mantener la competencia del jurado popular.
La causa también seguirá adelante contra Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, aunque únicamente por un supuesto delito de malversación relacionado con el uso de un software desarrollado en el ámbito de una cátedra codirigida por Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. La Audiencia excluyó a Álvarez de la acusación por tráfico de influencias y archivó igualmente la imputación por corrupción en los negocios.
En cambio, el empresario Juan Carlos Barrabés continuará siendo investigado en un procedimiento separado. Su situación procesal se centrará en determinar la legalidad de diversas adjudicaciones de contratos públicos que recibió, bajo el procedimiento abreviado y fuera del ámbito del Tribunal del Jurado.
Como parte de la resolución, la Audiencia dejó sin efecto las medidas cautelares que pesaban sobre Gómez y Álvarez, entre ellas la prohibición de abandonar España, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante la justicia. Sin embargo, ambas deberán seguir estando localizables mientras continúe el proceso judicial.
La decisión supone un nuevo paso en una investigación que se ha prolongado durante casi dos años y que ha estado marcada por un intenso debate jurídico. Mientras la Fiscalía ha solicitado reiteradamente el archivo del caso y, posteriormente, la absolución de los investigados por considerar insuficientes los indicios, las acusaciones sostienen que existen elementos que justifican la celebración del juicio.
Desde una perspectiva institucional, el caso adquiere una elevada relevancia política al involucrar a la esposa del jefe del Ejecutivo español. Sin embargo, la resolución de la Audiencia no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados, sino que confirma que existen fundamentos suficientes para que las acusaciones sean examinadas en un juicio oral, donde corresponderá al jurado popular valorar las pruebas y emitir un veredicto.
