La crisis del consumo: importante fábrica de alimentos reduce personal tras el desplome de su producción

El resultado vuelve a repetirse: menor producción, ajuste de costos y una creciente incertidumbre para los trabajadores, que terminan absorbiendo el impacto más duro de un mercado que continúa sin mostrar signos firmes de recuperación.

La desaceleración del consumo masivo continúa trasladándose al corazón de la industria alimenticia y, una vez más, el costo recae sobre los trabajadores. La empresa 3 Arroyos, dedicada a la producción de cereales para desayuno, granolas y snacks saludables, decidió reducir su plantilla en la planta del Parque Industrial de Pilar luego de una fuerte retracción de la actividad que llevó a una caída cercana al 45% en su producción.

La medida se concretará el próximo 15 de julio, cuando vencerán alrededor de 20 contratos temporarios que la empresa resolvió no renovar. Aunque la firma sostiene que se trata simplemente del fin de vínculos laborales eventuales, para el sindicato la decisión implica una nueva pérdida de puestos de trabajo en un sector que ya evidencia las consecuencias de la caída del consumo interno.

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia (STIA) advirtieron que la situación no es un caso aislado, sino el reflejo de un escenario que atraviesa a buena parte de las empresas radicadas en el Parque Industrial de Pilar. La menor demanda obligó a muchas plantas a reducir su ritmo de producción, dejando en evidencia las dificultades que enfrenta la industria para sostener los niveles de actividad y empleo.

Con el objetivo de evitar la desvinculación de los operarios, el gremio presentó distintas alternativas, entre ellas esquemas de suspensiones transitorias, incluso aceptando reducciones salariales o licencias sin goce de haberes hasta que el mercado mostrara señales de recuperación. Sin embargo, la empresa descartó esas propuestas al considerar que la disminución de la dotación era la única forma de garantizar la continuidad operativa y el pago de los salarios del resto del personal.

Otro de los aspectos que genera mayor preocupación es que los trabajadores afectados no recibirían indemnización, ya que fueron incorporados mediante contratos eventuales cuando Better Food asumió la operación de la planta tras la quiebra de la administración anterior. En aquel momento, la nueva empresa decidió mantener a los cerca de 70 empleados que trabajaban en el establecimiento, aunque bajo contratos de seis meses, mientras las deudas laborales acumuladas por la gestión previa continúan siendo reclamadas en la Justicia.

Desde la conducción de Better Food rechazan que exista una política de despidos masivos y aseguran que la decisión responde exclusivamente al vencimiento de contratos firmados en un contexto excepcional. La empresa sostiene que, antes de reducir personal, aplicó otras medidas de ajuste, como recortes en gastos administrativos, reducción de compras, congelamiento de vacantes y reorganización de turnos para intentar absorber el impacto de una demanda cada vez más debilitada.

Más allá de las explicaciones empresariales, el caso vuelve a exponer las dificultades que atraviesa la industria alimenticia en un contexto de fuerte retracción del consumo.

Un sector históricamente vinculado a bienes esenciales comienza a sentir con mayor intensidad el deterioro del poder adquisitivo, reflejando que la crisis ya no afecta únicamente a ramas como la metalúrgica, la textil o la construcción, sino que también alcanza a empresas dedicadas a la producción de alimentos.