La CGT cuestionó a la Justicia laboral, denuncia sesgo y busca revertir un fallo clave sobre la reforma
La central obrera recusó a jueces de la Sala VIII, solicitó la nulidad de una resolución reciente y reclamó su inmediata revocación, en respuesta a un fallo que favoreció la estrategia judicial del Estado en torno a la reforma laboral.
En un movimiento que expone la creciente tensión entre el sindicalismo y el Poder Judicial, la Confederación General del Trabajo (CGT) avanzó con un planteo de alto voltaje institucional ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
El eje del conflicto radica en la decisión de otorgar efecto suspensivo a la apelación del Gobierno, lo que en la práctica dejó sin efecto una medida cautelar que frenaba aspectos sensibles de la reforma. Para la CGT, este criterio no solo altera el equilibrio procesal, sino que introduce un precedente que podría desnaturalizar el uso de herramientas judiciales destinadas a la protección urgente de derechos.
El escrito presentado adopta un tono inusualmente duro y apunta directamente contra la legitimidad de la resolución. Allí se sostiene que el fallo fue dictado por magistrados alcanzados por causales de recusación, sin competencia clara y con errores manifiestos, lo que —según la central— genera un perjuicio irreversible para los trabajadores y erosiona la credibilidad del fuero laboral.
Uno de los cuestionamientos más sensibles recae sobre el juez Víctor Arturo Pesino, cuya actuación es señalada como comprometida por su situación personal frente al Estado. La CGT sugiere que su continuidad en el cargo, tras haber superado la edad límite, estaría vinculada a decisiones del Poder Ejecutivo, lo que, a su entender, configura un escenario de potencial conflicto de intereses y pone en duda su imparcialidad.
Las críticas también alcanzan a la magistrada María Dora González, a quien se acusa, junto con Pesino, de haber anticipado criterio sobre el fondo del litigio al intervenir en la medida cautelar antes de que el expediente fuera formalmente asignado. Para la central sindical, este accionar refuerza la idea de una intervención orientada más por definiciones previas que por el análisis del caso.
En paralelo, la CGT objeta la validez misma de la resolución dictada el 23 de abril, al sostener que la Sala VIII no tenía competencia para intervenir, ya que la causa debía tramitar en otro ámbito según reglas procesales vigentes. A esto suma una crítica de fondo: la decisión habría sido adoptada sin garantizar la participación de la parte actora, lo que —según argumenta— vulnera principios básicos como el derecho de defensa y el debido proceso.
Más allá del caso puntual, el planteo deja entrever una disputa de mayor alcance sobre el rol del Poder Judicial en el tratamiento de reformas estructurales. La central advierte que, si se consolida este tipo de criterios, las medidas cautelares podrían perder eficacia como herramienta de resguardo frente a decisiones estatales con impacto inmediato.
Finalmente, la Confederación General del Trabajo dejó abierta la vía para escalar el conflicto: planteó la reserva de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación e incluso a instancias internacionales. En ese horizonte, el debate ya no se limita a una disputa procesal, sino que se proyecta sobre la vigencia de garantías fundamentales como la tutela judicial efectiva, la libertad sindical y el equilibrio entre poderes.
