Granja Tres Arroyos despidió a unos 260 trabajadores y busca pagar el 50% de indemnizaciones

La principal avícola del país invocó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo para justificar cesantías masivas en Concepción del Uruguay. La medida expone la profundidad de la crisis empresarial, pero también traslada el costo social a una provincia alineada con la Casa Rosada y abre interrogantes sobre el uso de una figura excepcional para abaratar despidos.

La crisis de Granja Tres Arroyos sumó un nuevo capítulo de fuerte impacto social en Concepción del Uruguay. La empresa comenzó a enviar telegramas de despido a unos 260 trabajadores de su planta La China, apoyándose en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, una herramienta legal que habilita indemnizaciones reducidas hasta en un 50% cuando existe una disminución de trabajo por causas extraordinarias y ajenas al empleador.

El texto enviado a los operarios sostiene que la decisión responde a una “grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad”. Sin embargo, detrás de esa formulación jurídica aparece una discusión de fondo: quién asume el costo de una reestructuración empresaria de gran escala.

La situación adquiere mayor gravedad porque la planta permanece prácticamente paralizada desde el 26 de mayo, cuando la compañía suspendió a cerca de 1.000 empleados. Desde entonces, muchos trabajadores dependen de la asistencia alimentaria del Municipio de Concepción del Uruguay y del Gobierno de Entre Ríos, un dato que revela cómo un conflicto privado termina trasladando parte de sus consecuencias al Estado.

Un problema político para Frigerio

Los despidos golpean de lleno a la gestión de Rogelio Frigerio, uno de los gobernadores con mejor relación con Javier Milei. La combinación de suspensiones masivas, incertidumbre sobre la reapertura y cesantías con indemnizaciones recortadas convierte el conflicto en un desafío político para una administración provincial que había apostado a una relación cooperativa con la Nación.

Aunque no existe todavía una confirmación oficial sobre el número exacto de desvinculaciones, los gremios estiman que superarían las 260, es decir, alrededor de un cuarto de la dotación total de la planta. La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y el STIA de Concepción del Uruguay rechazaron públicamente la medida y denunciaron que entre los despedidos habría delegados sindicales, lo que podría abrir un nuevo frente judicial y laboral.

El artículo 247, en el centro de la polémica

La decisión de ampararse en el artículo 247 no es un detalle técnico menor. Se trata de una figura pensada para situaciones excepcionales de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador, pero su utilización suele generar controversias porque reduce significativamente las compensaciones que reciben los trabajadores despedidos.

En este caso, la discusión es particularmente sensible: mientras la empresa argumenta circunstancias extraordinarias, los sindicatos cuestionan que se pretenda utilizar esa vía para abaratar una reestructuración cuya magnitud y causas aún no fueron explicadas públicamente con precisión.

El conflicto también expone una contradicción incómoda. La avicultura argentina atraviesa un período de expansión, con aumento de la producción, crecimiento de las exportaciones y una demanda sostenida tanto en el mercado interno como externo. Es decir, no se trata de una crisis general del sector, sino de los problemas específicos de una de sus empresas más importantes.

Esa diferencia vuelve más compleja la lectura del caso. Si el negocio avícola muestra indicadores positivos, la pregunta inevitable es por qué una compañía líder llega a un escenario de suspensiones masivas, conflictos laborales y despidos con indemnizaciones reducidas.

Una crisis que excede a una empresa

Granja Tres Arroyos enfrenta actualmente un proceso de reestructuración que afecta plantas en Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba, con reducción de actividad, tensiones gremiales y dificultades financieras. Pero el impacto ya no puede medirse solo en términos empresariales.

En Concepción del Uruguay, la posibilidad de perder más de 260 puestos de trabajo industriales implica un golpe directo sobre el consumo, los comercios y la economía regional. La decisión de la empresa, además, deja al descubierto un fenómeno cada vez más visible en la Argentina actual: las crisis corporativas se resuelven muchas veces reduciendo derechos laborales, mientras el Estado provincial y municipal absorbe parte de las consecuencias sociales del ajuste.

Más allá de la legalidad que eventualmente pueda alegar la firma, el caso abre un debate más amplio sobre el modelo económico en marcha: cuando una empresa líder despide a cientos de trabajadores en una provincia aliada del Gobierno nacional y busca pagar la mitad de las indemnizaciones, la discusión deja de ser únicamente empresaria y se convierte en una señal de alerta sobre la profundidad del deterioro laboral y productivo que atraviesan distintas regiones del país.