Amnistía Internacional denunció ante la CIDH un clima de presión sobre el periodismo argentino

En la antesala del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la organización Amnistía Internacional llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un diagnóstico preocupante sobre la situación argentina: un deterioro progresivo de las condiciones para el ejercicio del periodismo y la libre expresión.

El informe, remitido también a instancias de Naciones Unidas, identifica tres ejes críticos que, en conjunto, configuran un escenario de creciente tensión: el aumento de agresiones y hostigamientos contra periodistas, la utilización de herramientas judiciales como mecanismo de presión sobre voces disidentes, y las restricciones en el acceso de la prensa a ámbitos clave del poder político, como la Casa Rosada.

Desde la organización advierten que estos factores no deben leerse de manera aislada, sino como parte de una dinámica que impacta directamente en la calidad del debate público. En ese sentido, la directora ejecutiva local, Mariela Belski, subrayó que la erosión de una prensa crítica no solo afecta a los trabajadores de medios, sino que debilita un componente esencial del sistema democrático.

El informe incorpora además una dimensión de género que agrava el diagnóstico: las mujeres periodistas enfrentan formas más intensas de violencia, muchas veces atravesadas por descalificaciones personales y estigmatización, lo que no solo expone desigualdades estructurales sino que también favorece dinámicas de autocensura.

Otro de los aspectos más sensibles señalados es la creciente judicialización de la crítica. Según Amnistía Internacional, el uso de demandas —particularmente las denominadas SLAPPs— funciona como una herramienta de desgaste que, aun sin derivar en condenas, puede desalentar la participación en asuntos de interés público. En este punto, se menciona como antecedente relevante el fallo que desestimó la denuncia impulsada por Javier Milei contra el periodista Ari Lijalad, interpretado como un respaldo judicial a la protección de opiniones críticas.

En paralelo, el documento cuestiona medidas adoptadas en el ámbito gubernamental que limitan el acceso a la información, como el cierre de espacios destinados a la prensa en la Casa Rosada y restricciones a corresponsales. Estas decisiones son consideradas desproporcionadas y, sobre todo, problemáticas en tanto afectan no solo a los medios sino al derecho ciudadano a informarse.

Frente a este cuadro, la organización solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que inste al Estado argentino a revisar estas prácticas, evitar discursos estigmatizantes hacia el periodismo y garantizar condiciones adecuadas para su ejercicio. Incluso se planteó la posibilidad de una misión internacional que evalúe in situ la situación.

Más allá de los casos puntuales, el informe instala un debate de fondo: hasta qué punto las tensiones actuales responden a conflictos coyunturales o si, por el contrario, revelan un patrón que podría comprometer de manera más estructural la libertad de expresión en el país.