La Cámara Federal cerró el paso a Casación y dejó firme, por ahora, el archivo de la causa por el préstamo del FMI a Macri

La decisión, fechada el 25 de septiembre, mantiene el criterio adoptado por la propia Cámara el 4 de septiembre, cuando confirmó el cierre de la causa dispuesto previamente por la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

La causa judicial por el préstamo de US$57.100 millones otorgado a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri volvió a quedar en el centro de la disputa judicial. Según consignó la periodista Vanesa Petrillo (Minutouno), la Sala I de la Cámara Federal porteña declaró inadmisible el recurso presentado por el fiscal José Luis Agüero Iturbe, quien pretendía que la Cámara Federal de Casación Penal revisara el archivo de la investigación.

El expediente investigaba si durante la negociación, contratación y ejecución del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de 2018 existieron conductas que pudieran constituir delitos. La investigación alcanzó al expresidente Macri y a exfuncionarios de su administración, entre ellos Luis Caputo, Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris.

El recurso de Agüero Iturbe había cuestionado el archivo y sostenía que la investigación se había cerrado de manera prematura, cuando todavía quedaban medidas de prueba por realizar. Entre otros puntos, el fiscal planteó la necesidad de profundizar la reconstrucción del destino de los fondos y determinar posibles beneficiarios privados.

Sin embargo, los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola entendieron que el planteo no reunía los requisitos necesarios para habilitar la intervención de Casación.

Para Llorens, los argumentos de la fiscalía no lograban cuestionar de manera suficiente los fundamentos de la resolución anterior. El magistrado también sostuvo que el recurso de casación debe reservarse para los supuestos previstos por la legislación y no convertirse en una instancia adicional para revisar cualquier desacuerdo con una decisión judicial.

Bertuzzi y Yadarola coincidieron en que el fiscal había expresado principalmente su disconformidad con la valoración realizada tanto en primera instancia como por la propia Cámara sobre el alcance de las medidas de investigación.

Más allá de la discusión procesal, el expediente deja planteado un debate de mayor alcance: hasta dónde puede avanzar la Justicia sobre decisiones económicas adoptadas por un gobierno y en qué momento esas decisiones pueden adquirir relevancia penal.

Al confirmar el archivo, la Cámara había considerado que el otorgamiento del crédito se inscribía en una decisión de política pública adoptada en un contexto de urgencia financiera y que, después del tiempo de investigación transcurrido, no se había acreditado la existencia de un delito.

La fiscalía, en cambio, sostuvo que la investigación no debía cerrarse mientras permanecieran diligencias pendientes. Ese contrapunto es el núcleo de la disputa que ahora quedó nuevamente delimitada por la decisión de la Cámara Federal.

El préstamo fue acordado inicialmente en 2018 y posteriormente ampliado hasta alcanzar los US$57.100 millones, convirtiéndose en el mayor programa de financiamiento aprobado por el organismo para la Argentina en ese momento.

La investigación judicial examinó la actuación de funcionarios en la negociación y ejecución del acuerdo y también incorporó documentación de organismos públicos, entre otros elementos.

El fiscal Agüero Iturbe había planteado que todavía era necesario avanzar sobre el recorrido de las divisas. Ese argumento fue rechazado por la Cámara al considerar que no alcanzaba para habilitar la instancia extraordinaria de Casación.

El fallo incluyó otro rechazo. La Cámara desestimó la presentación de un ciudadano que pretendía adherir al recurso fiscal, ser reconocido como querellante y formular otros planteos.

Los magistrados entendieron que no había acreditado una afectación directa y personal que justificara su intervención como parte en el expediente.

De esta manera, el archivo de la causa permanece vigente y el intento del Ministerio Público Fiscal de llevar la discusión a Casación quedó bloqueado en esta instancia.

El recorrido judicial del expediente deja, por ahora, dos posiciones claramente diferenciadas: por un lado, la Justicia Federal sostiene que no se acreditó un delito que justifique continuar la investigación; por otro, la fiscalía había reclamado profundizar determinadas medidas antes de cerrar definitivamente el caso. La resolución del 25 de septiembre consolida el primer criterio dentro de esta etapa procesal.